.- En este fallido intento pierde la democracia porque queda cercenada la oportunidad de 7 millones 400 mil electores habilitados para sufragar de manera libre y soberana.
Pierde la institucionalidad porque se erosiona la credibilidad del órgano con mandato constitucional para organizar las elecciones en las que se escojan los funcionarios de elección popular en los distintos niveles que es la Junta Central Electoral.
Se pierden recursos económicos que salen del bolsillo de la gente para sustento «una» nombrada democracia, incapaz de ahuyentar los fantasmas del fraude y otras denunciadas «irresgularidades» durante comicios.
Y pierde la sociedad, finalmente, porque es su gente pobre, ignorante y olvidada, quienes saldan con violencia y muertos los niveles de incertidumbre y desasosiego que suelen caracterizar procesos electorales en RD.
Pretender que lo ocurrido reporte beneficios políticos a uno de los competidores en la actual coyuntura, es dejarse arrastrar por la visión miope de un partidarismo absurdo, desenfocado y que se antepone; incapaz de ver más allá del grave daño que encierra la decisión de la JCE.
