Por: Carmen Imbert Brugal
.- Quizás fue recomendación de los asesores extranjeros o el resultado de la medición in situ. Algo ha sido porque de manera sigilosa el procedimiento violento, conculcador de derechos fundamentales, apto para otro talante de investigado, aplicado a los supuestos depredadores del erario está variando.
El órgano persecutor actúa con cautela. El inventario de las hordas infractoras de antaño parece que se agotó, es el turno de los funcionarios que cometen errores subsanables.
Quedará para la historia del Ministerio Público la entrada de grupos armados a la vivienda de los condenados sin sentencias, acusados en la plaza pública. Fascinerosos obedientes a los designios de la vanidad y la vendetta.
Dispuestos a derribar puertas, a maltratar ancianos y enfermos, indiferentes a los gritos de niños azorados por la intromisión. Esas escenas anheladas por los medios de comunicación para convertir en viral la desconsideración con respaldo ético.
Capítulo incomprensible pero indispensable para conocer los vaivenes de un órgano obsecuente con el momento político. Dedicado a la interpretación de la independencia de la Procuraduría General de la República (PGR). Redacción sin omisiones, incluidos los alardes de pureza que impulsaron una reforma constitucional para ratificar lo existente.
La persecución y el juzgamiento durante la tiranía tienen otra dimensión. El compendio podría comenzar en el 1966 con la mención de fiscales presentes en los allanamientos, aquellos testigos de asesinatos que continuaron desempeñando su función, indiferentes a los excesos.
También recordar los representantes del Ministerio Público responsables de presentar como cuerpo de delito la misma prueba, aunque todos conocían la falsedad del aporte y a los trogloditas que exhibían sus armas en audiencia como elemento intimidante.
A partir del 1978 y antes de reformas legales trascendentes comenzó la transformación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Innegables los aportes de la Constitución del 1994, de la emblemática Carta Magna del 2010. La ley Orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial, marcan un antes y después encomiable.
Quedaba atrás el juez timorato y el ejercicio abusivo de un fiscal con patente de corso, pendiente del recado palaciego. Gestiones memorables en la Suprema Corte de Justicia y en la PGR trazaron la pauta para algo que ahora amerita revisión.
Entonces una tormenta alteró el fiel de la balanza y arrebató la venda que cubre los ojos de la diosa Themis. Después de los allanamientos llegaban los rehenes a los cuartuchos de espanto, donde se producían las confesiones producto de la miserable extorsión. Así se hilvanaron los procesos.
Ha ocurrido un milagro. Ya no hay cascos, chalecos, ni exhibición frente a las cámaras. Reivindicado el debido proceso, la presunción de inocencia se impone. Hasta los correveidiles, encargados de llevar las informaciones desde el Centro de los Héroes hasta redacciones y platós, acatan el nuevo estilo.
La persecución inclemente que cimentó prestigios y desprestigios ha cesado. El escenario es otro, basta analizar las declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público.
Desde julio está investigando el caso Senasa, sin filtraciones ni agravios. Minucioso y lento el trabajo. El exdirector de la institución afirma que apoderó el Ministerio Público en noviembre 2024.
