Distrito Nacional, RD.- Los recursos que aporta el Estado a los partidos político, como medio de financiación a sus actividades proselitistas, no ha garantizado que esas organizaciones se mantengan libres de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico y la corrupción.
A pesar de los aportes millonarios del Estado, el sistema de partidos sigue siendo blanco fácil para la penetración de recursos de procedencia dudosa.
1,620 millones de pesos se distribuirán entre los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sin embargo, esto no ha funcionado como barrera efectiva contra el financiamiento de dinero ilícito a candidaturas.
Los casos de algunos funcionarios del oficialista Partido Revolucionario Moderno, que enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción, refieren la delicada realidad.
A escándalos similares no escapan otras organizaciones mayoritarias del sistema.
Ante lo ocurre, queda en evidencia la ineficacia de los mecanismos de control, tipificados en las leyes de Régimen Electoral y de Partidos Políticos.
También se cuestiona el rol de la Junta Central Electoral como órgano supervisor.
Actores de la sociedad civil han expresó su preocupación por la creciente infiltración del lavado de activos y el narcotráfico en los partidos políticos, un fenómeno que advierten pone en riesgo la democracia y la credibilidad de las instituciones.
