Distrito Nacional, RD.- La Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego advirtió que la resolución del Ministerio de Interior y Policía para regular las armas de fuego, junto a la mala aplicación del Decreto 309-06, llevará a la quiebra a las empresas dedicadas a ese negocio.
ADIVAF, entidad que agrupa más de 45 empresas privadas del país, aseguró que la resolución MIP-RR-0003-2021, de Interior y Policía, afecta a usuarios honestos de armas de fuego, a empresas de seguridad y aficionados que usan armas de fuego para cacería, tiros al plato y otras actividades deportivas.
«La prohibición hace 16 años de armas de fuego y municiones a República Dominicana, generó el ingreso ilícito de cientos de armas de fuego y municiones, en perjuicio de las más de 45 empresas importadoras y vendedoras de armas de fuego agrupadas en ADIVAF, las cuales tributan al fisco», indicó un documento despachado por la entidad.
Resaltó estar de acuerdo con la postura del Ministerio de Interior y Policía para la regulación de armas de fuego, porque influirá directamente con el tema de seguridad nacional, «aunque no así con algunas medidas contenidas en dicha resolución».
ADIVAF señaló que como representante del sector está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio de Interior en la redacción de resoluciones de control de armas de fuego que ayuden a regularizar la tenencia y porte de los ciudadanos respetuosos a las leyes y la Ley No. 631-16, del 2 de agosto de 2016, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
“Estamos dispuesto a colaborar para que se apliquen medidas que contribuyan a recuperar las armas ilegales, que actualmente están en manos de delincuentes, resultado del tráfico ilegal detonado hace más de 16 años tras la prohibición de importación legal de armas de fuego”, agregó.
La entidad subrayó que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son con armas de fuego que llegaron al país de manera ilegal, y observó que el Gobierno no debe castigar las empresas privadas que comercializan ese tipo de dispositivo herramientas ni a los usuarios que pagan impuestos.































