Distrito Nacional, RD.- El exprocurador Jean Alain Rodríguez tuvo la oportunidad, en la audiencia de conocimiento de recurso de apelación, de presentar su defensa material ante las imputaciones elevadas en su contra, derecho que le fue violentado en el conocimiento de la medida de coerción y en numerosas ocasiones durante el transcurso del proceso.
Rodríguez inicio a sus palabras señalando el hecho del cual fue víctima, siendo privado de libertad de tránsito, para lo cual dijo, “como si viviéramos en una dictadura, fui impedido de abordar un avión para un viaje de 4 días con mi familia. Como lo había hecho en octubre pasado del 2020. Sin embargo, en esta ocasión un individuo, por orden del PEPCA, sin la debida orden judicial, sin un papel, sin nada, decidió privarme de mi libertad de tránsito. Un acto arbitrario, ilegal y hasta un delito, el cual fue condenado por su superior, la Magistrada Miriam German Brito, quien reconoció como ilegal, sin que fuese respetada su voluntad y orden, lo cual lleva sanción disciplinaria, de acuerdo a la carta emitida por ella misma y que sirve como prueba ante este tribunal”, afirmó.
Expresó su preocupación de que dicho procedimiento sea implementado como norma violentándose los derechos de cualquier ciudadano sin la debida orden judicial correspondiente. “Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas. De esa presunción nace la frase “eres inocente hasta prueba en contrario”, precisó.
«Nuestra Constitución dice que las investigaciones deben hacerse en libertad, siendo considerado inocente mientras se realiza la investigación. Sin embargo, aún inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy privado de libertad, separado y lejos de mi familia”, añadió.
De igual manera, se refirió al incidente ocurrido en la audiencia de conocimiento de medida de coerción donde tanto el Ministerio Público, como la jueza Kenya Romero, le impidieron ejercer su derecho a declarar y ser escuchado, violando los artículos 95, 102 y 103, establecidos en el Código Procesal Penal. “Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me aplicara porque así lo decidió una trama de venganza”. A su vez, explicó que Romero, en audiencia posterior, sin escucharle y tomar en cuenta la documentación depositada en su defensa, utilizó de manera contraria los arraigos para sustentar la aplicación de la severa medida.
Apeló a las Magistradas, para que en el desempeño de sus funciones, aplicación de la ley y ejercicio del derecho, consideraran en detalle la medida impuesta. “Nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir esos errores y esta corte tiene las facultades para anular la citada sentencia tan solo por una de las tantas arbitrariedades que la hacen inconstitucional, inconsistente y contraria a la ley”.
Al referirse al Plan de Humanización, señaló qué durante su gestión como procurador general de la Republica, enfocó grandes esfuerzos para transformar el actual sistema penitenciario, con miras a eliminar el inhumano hacinamiento, qué por más de 70 años, permanecía como deuda moral y vergüenza nacional, para lo cual se construyeron más de 12,500 espacios en 100 edificios bajo un proceso de licitación nacional diáfano, transparente y acorde a lo establecido por la Ley 340-06.
Citó que el Ministerio Público, en su afán por impresionar a la justicia, con su populismo penal y estrategia mediática, ha construido una falacia en su contra. Alega que la PEPCA se ha dado la tarea de hablar de fraude por 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 millones de pesos, sin una auditoría, sin desglose alguno siquiera por respeto a la justicia, lanzando cifras al aire para generar morbo y odio sin razón, con el objetivo de borrar toda huella que vinculara el logro que representa esa obra en materia de Derechos Humanos.
“La Nueva Victoria fue construida por 5 prestigiosas empresas que ganaron su licitación y estaba lista en su primera fase para iniciar operaciones como lo vieron los cientos de personas y periodistas que la visitaron. Se me acusa y me tienen privado de libertad por supuestos vicios de construcción, pero les pregunto ¿y yo soy ingeniero? ¿Y yo he construido? No, nosotros contratamos empresas para que estas construyeran. Como es posible que se me priven de libertad por un impermeabilizado incorrecto, cisterna, por una tercera mano de pintura o porque los inodoros no tienen agua suficiente, como lo indica la página de 16 de la instancia presentada, sin yo ser ingeniero, ni haber construido nada”, enunció.
Cuestionó al Ministerio Público, ante los alegatos sobre los vicios de construcción encontrados, cuestionando el que no hayan apelado a las correspondientes empresas para dar respuesta, ya que en los contratos establecidos se contemplan garantías contractuales equivalentes al 5% del valor contratado. De igual manera, fianzas de fiel cumplimiento para vicios de construcción por 3 años. A su vez instó que no han apelado a las firmas supervisoras para que verifiquen, y les exijan a los contratistas las supuestas reparaciones de esos vicios identificados.
Puntualizó qué, sin ser ingeniero o contratista, ha sido privado de su libertad, bajo argumentos débiles, pues el interés no es llamar a las empresas participantes, sino hacerle daño. Han violentando sus derechos bajo argumentos de carácter civil y no penal. “En su expediente el Ministerio Público plantea que debo permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y pagar el trabajo realizado por los contratistas. Parecería que desconocen, o quizás lo dicen con intención de eliminar competencia, que la actual Procuradora General, Miriam Germán Brito, firmó al igual que yo, 11 nuevos contratos o adendas de forma correcta como manda la ley. Estas adendas, con los mismos contratistas de obras en mi gestión, confirman, refrendan y ratifican los contratos firmados en todas sus partes, aumentándoseles 250 millones adicionales a los acordados por concepto de equilibrio económico”.
Dijo que la población ha sido testigo de cómo en numerosos casos, incluso con serios indicios penales, pero conforme a la Constitución, los jueces han permitido correctamente la investigación y juicio a los imputados, en libertad.
Concluyó que hay una persecución e interés expreso por parte del Ministerio Público de hacerle daño, para lo cual se han abocado al acoso, chantaje, terror, amenazas, manipulación, montajes, mentiras, extorsión, intimidación, calumnias y falsas acusaciones, todo en perjuicio de su reputación y su persona. “Contrario a lo que promueve el populismo penal del Ministerio Público, nunca me sustraería del proceso, soy el primer interesado en que se realice una minuciosa y objetiva investigación. Lo he demostrado, al haberme presentado de manera voluntaria, como lo hice”.
“Ustedes magistradas tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Ustedes magistradas tienen la oportunidad de hacer justicia, de que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho impere el derecho” finalizó.
El Consejo de Defensa, presentó un recurso de apelación pidiendo nulidad total de la sentencia emitida en la audiencia de medida de coerción, debido a la violación de los derechos fundamentales de Rodríguez, impidiéndole ejercer su derecho a declarar.
