Distrito Nacional, RD.- La Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales interpuso un recurso contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado, por ante el Tribunal Superior Administrativo contra Manual de Compensación y Beneficios, aprobado por el Poder Judicial, que redujo los ingresos y demás beneficios a los servidores del Poder Judicial, incluyendo a los jueces.
La entidad que representa la jueza Yokauris Morales Castillo recurrió ante ese tribunal la decisión adoptada por el Consejo del Poder Judicial que encabeza Luis Henry Molina, presidente; Blas Rafael Fernández Gómez, Modesto Martínez Mejía, Bionni Biosnely Zayas Ledesma y Octavia Carolina Fernández Curi, quienes deberán explicar al tribunal el contenido el alcance de ese manual.
En el recurso piden que el Consejo del Poder Judicial y sus integrantes sean condenados al pago de 100 millones de pesos, como justa reparación de los daños y perjuicios causados a los servidores del Poder Judicial, piden al TSA declarar la nulidad parcial de la Resolución número CPJ-2022-RECA-001, emitida por el Consejo del Poder Judicial, que ratifica lo dispuesto en el Manual de Compensación y Beneficios, aprobado mediante el acta Núm. 02/2022, por ser violatorio a principios Constitucionales y legales.
La red de jueces y servidores judiciales pide que se ordene el pago mensual de los incentivos eliminados a los servidores judiciales, por formar parte de su salario y sus derechos adquiridos y que el tribunal ordene además la aplicación del ascenso horizontal a todos los servidores judiciales, en función del tiempo laborado ostentando una misma función.
Asimismo como ordenar al Consejo del Poder Judicial revaluar el manual y reestructurar los puestos de familia y categorías asignadas de los servidores judiciales administrativos, tomando en cuenta el Tiempo en la institución o en la carrera judicial administrativa, grado académico, evaluación de desempeño, y la complejidad en las funciones, nivel de riesgo y responsabilidad.
Sostienen que los servidores sean clasificados en las categorías que les correspondan, dependiendo del grado de la instancia a la cual pertenezcan, y se les otorgue una justa remuneración y escala salarial.
En el recurso interpuesto a través de los abogados Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Gracianny plantean al tribunal inmediatamente sea hecho el proceso de reevaluación, se ordene la reestructuración de los puestos de familia y categorías.
En la instancia sostienen que en cuanto a los Oficinistas, Digitadores, Asistentes: sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, respetando las instancias establecidas por la ley.
“Si pertenecen a un Juzgado de Paz, Primera Instancia o Corte; tomando en cuenta que, si están cargados a unidades en los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Comunes (Despachos) y otras dependencias de condiciones similares, en razón de que éstos obtienen rango de Corte, al integrar dos instancias, tal y como lo establece la norma”.
Indican que en cuanto a los Supervisores, Encargados de Unidad en los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Comunes (Despachos) y otras dependencias de similar condición: sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, tomando en cuenta que, en estas dependencias, están integrados los grados de Primera Instancia y Corte, por lo que obtienen un rango superior.
En lo que respecta a Secretarios Generales de los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Generales (Despachos) y otras dependencias de similar condición: sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, tomando en cuenta que, en estas dependencias, están integrados los grados de Primera Instancia y Corte, por lo que obtienen un rango superior.
