Por: Osvaldo Santana
.- El presidente dominicano que más ha insistido para que la comunidad internacional adopte políticas solidarias con Haití se cansó de solicitar, y el pasado miércoles 9 de noviembre reaccionó claramente irritado por la pretensión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que República Dominicana detenga las deportaciones de haitianos.
El presidente Luis Abinader habló en un momento en el que, para muchos sectores, los países más influyentes del continente, Estados Unidos y Canadá, se han resistido a liderar una intervención en Haití, pese a la solicitud abierta del primer ministro Ariel Henry, y, además, mantienen una política de deportación de haitianos que se aproximan a sus territorios. Precisamente, el pasado 19 de octubre fue capturado un grupo de inmigrantes ilegales de dominicanos y haitianos. Todos fueron deportados de inmediato.
La petición de Volker Türk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, el miércoles 9 de este mes fue una reiteración a “todos los países de la región, incluida la República Dominicana, para detener la deportación de haitianos”, con el agravante de que fue enfático con reclamar a las autoridades dominicanas que acentuaran sus esfuerzos “para prevenir la xenofobia, la discriminación y todas las formas de intolerancia racial o étnica hacia los inmigrantes haitianos”.
La reacción dominicana
La reacción dominicana fue inmediata, y fue la determinación desde el mismo miércoles. El primer acto lo protagonizó Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, quien informó que el país había deportado 60,204 haitianos en el período agosto-octubre de 2022. Y destacó que las deportaciones se realizaron “siguiendo la línea» del presidente Abinader, “de respetar la ley y deportar, repatriar o no permitir la entrada a territorio dominicano a quienes no cumplen con los requisitos legales”. Fue un adelanto de lo que vendría, porque no aludió directamente las declaraciones del comisionado de las Naciones Unidas.
No fue suficiente
Pero aparentemente, la reacción del gobierno a través de su vocero no fue suficiente. Requería más. Al regresar de una actividad en el Este del país, el presidente Abinader se expuso a los periodistas, y habló con dureza, contundentemente, sobre la petición del funcionario de la ONU.
“Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables», puesto que la República Dominicana es el país que ha llevado la mayor carga con Haití, y ha sido el más solidario del mundo. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor, Volker Türl, en nombre de las Naciones Unidas, son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar con las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar», dijo el presidente Abinader, según algunos medios, en un tono “visiblemente molesto”.
El contexto
El mandatario reaccionó en medio de un contexto en el que la comunidad internacional, propiamente los dos países más influyentes en América, insisten en que República Dominicana se convierta en el territorio de recepción de los haitianos que huyen de la grave situación en su país.
Hablamos de los campamentos, tema recurrente de grupos nacionalistas o anti haitianos que siempre han dicho que las grandes potencias desean fusionar las dos naciones, o al menos, que República Dominicana cargue con una cuota de haitianos mucho mayor que la residente actualmente.
La política y los haitianos
Con la creciente presencia haitiana, el anti haitianismo es una bandera que gana terreno, no solo entre ultranacionalistas, sino en la población general, que se encuentra ilegales haitianos todas partes. Además, en el sustrato social se teme una expansión operativa de los grupos criminales en Haití hacia República Dominicana, o el surgimiento de bandas dominicanas parecidas a las haitianas.
La inseguridad en República Dominicana puede anidar ese tipo de sentimiento, y probablemente lo saben los funcionarios y políticos. El rechazo a los haitianos se alimenta de factores objetivos y subjetivos que se levantan como amenaza a la ya vulnerada paz dominicana.
Leonel: petición inaceptable
La declaración de Volker Türk provocó la reacción del expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, usualmente moderado ante estos temas. Dijo el pasado lunes 14 de noviembre: “las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos reiterando su exigencia directa a la República Dominicana sobre el cese de deportaciones de nacionales haitianos a su país, no solo son inaceptables, sino que exceden el mandato al que está llamado el Alto Comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada Estado”. Inaceptable, dijo Fernández, uno de los términos utilizados por Abinader, lo que puede interpretarse como un espaldarazo a sus declaraciones.
“La República Dominicana conserva el poder absoluto en la elaboración y ejecución de sus políticas migratorias, incluyendo los procesos de deportación, siempre que estos no sean contrarios al derecho internacional público”, dijo Fernández.
La comunidad haitiana y defensores
La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (Manemird) apoyó “plenamente” el pedido del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, para que sean detenidas las deportaciones “forzosas de inmigrantes haitianos” por la situación de inestabilidad política, social, institucional y económica que se vive en Haití.
William Charpantier, coordinador de esa entidad, dijo que la situación de Haití obliga a detener las deportaciones y que de cualquier manera debe respetarse el debido proceso y cumplir con los lineamientos y protocolos mundialmente aceptados. También, un grupo de organizaciones sociales y políticas dominicanas rechazaron las deportaciones, y, sobre todo, un decreto gubernamental que ordena la persecución de las invasiones de propiedades donde participan ciudadanos extranjeros. Obviamente, la Constitución y las leyes de la República instituyen el derecho de propiedad, y tal decreto resultó extraño en medio de la situación.
Tema sensible
El pasado 27 de octubre estuvo en el país la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, quien instó al Gobierno dominicano a «continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectivos de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de nuestras comunidades». Y ahí reclamó que se le preste “servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”. Leyó un discurso en un evento denominado “Reformas Institucionales”, desarrollado conjuntamente por los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana. Habló en presencia del presidente Abinader, pero su discurso no provocó reacción.
Política y deportaciones
Es obvio que el presidente Abinader capitalizó la declaración del comisionado de la ONU, y acrecentó el sentimiento extendido de evitar la presencia de más haitianos ilegales de este lado de la isla. Cumple con la ley, reivindica la soberanía de la República y tranquiliza a los grupos conservadores que lo apoyan a cambio de una política de cero tolerancia con las migraciones desde territorio haitiano.
Eso sugiere que, en medio del caos en Haití, República Dominicana endurecerá su política de control fronterizo, ya en desarrollo, con la construcción del muro, el reforzamiento de las labores de patrullaje y prevención, y obviamente, las deportaciones.
La coyuntura lo favorece, especialmente con un candidato del partido de la Liberación Dominicana (PLD) pronunciadamente hostil a la presencia haitiana y Fernández, que tiene una vieja alianza con los conservadores, los cuales parecen compartir fidelidades entre él y el presidente Abinader.
