Por: Nelson Mateo
.- La reforma constitucional, que a partir de este lunes comienza a dar pasos concretos para su ejecución con el envío al Congreso del proyecto que declara su necesidad, encuentra cada vez razones más fuertes que la justifica.
El presidente Luis Abinader, principal proponente, ha motivado la iniciativa en la independencia del Ministerio Publico, la unificación de las elecciones, reducción de la matrícula de los diputados en 53 de sus miembros y la instauración de una figura que impida la modificación del artículo que permite ocho años y nunca más a un gobernante, acompañado de un transitorio para que él no quede habilitado.
Ese espíritu reformador, en busca de democratizar el poder y reconocerlo súbdito de la voluntad popular, debe afianzarse aún más con la prohibición de que ningún funcionario electo por el pueblo sea designado en otro cargo hasta que haya cumplido con el mandato otorgado por el soberano.
Esto se fundamenta en el principio de que, en un Estado Social, Democrático y de Derecho, el poder nace del pueblo y le pertenece, tal y como lo consagra la ley suprema de la nación en su artículo 2. “La Soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejercen por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y sus leyes”.
Por ejemplo, resulta contrario al principio de separación de poderes y un desafío a la soberana decisión del pueblo, que ha elegido a un ciudadano para que lo represente, y que desde el Poder Ejecutivo se rompa ese mandato popular para imponer su voluntad y designarlo en una función distinta a la escogida democráticamente por el pueblo. Esta decisión presenta al soberano y su voluntad como súbdito del poder, una característica avasalladora del régimen autocrático, antítesis del Estado de Derechos al que se aspira consolidar con las nuevas modificaciones impulsadas desde el gobierno.
Quitar al presidente la facultad de designar en otro cargo a un funcionario electo por el pueblo buscaría preservar el poder del soberano y evitar su resquebrajamiento, en una modificación constitucional que fortalezca el respeto a la Constitución y sus principios fundamentales, capaces de encaminar la nación y su pueblo por los senderos de una democracia cada vez más fuerte.
Sin embargo, el catedrático universitario y consultor jurídico, Kelvin Holguin Taveraz, advierte que a nadie se le puede obligar a lo imposible y a mantenerse en un estado de indivisibilidad, reconocido por diversas sentencias jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, lo que, a su juicio, permite legalmente la renuncia al cargo de cualquier funcionario electo, antes de ir a otra función pública designado por el presidente.
Pero hasta la autonomía de la voluntad, a lo que se refiere el catedrático, tiene sus límites en la buena costumbre y los principios esenciales del derecho positivo que sustentan la democracia, y dos fundamentales sine qua non, lo representan la separación de los poderes y la supremacía de la voluntad popular como fuente de poder.
Sería evitar que el poder que le da el pueblo a quien presida el Poder Ejecutivo lo utilice para enfrentar al pueblo y variar su voluntad, porque tal y como lo dejó claro el mandatario durante su juramentación como presidente Constitucional para su segundo mandato, “las reformas que nos proponemos en este periodo de gobierno están dirigidas a profundizar en la calidad de nuestra democracia haciendo nuestras instituciones más eficientes y austeras, garantizando la independencia y la separación de poderes”.
Entonces, sería propicio el momento y una señal más de buenas intenciones del movimiento reformista, acoger esta propuesta y prohibir la vieja práctica de designar legisladores, alcaldes o regidores, previa renuncia, desde el Poder Ejecutivo contradiciendo con ello la voluntad de un pueblo que aceptó sus propuestas y les votó en las urnas.
Conveniente sería fortalecer la iniciativa imponiendo algunos límites a la renuncia, salvo razones justifucables, de todo funcionario electo, como manera de garantizar un mayor respeto a los electores que lo eligieron y un paso más que nos acerca a un verdadero constitucionalismo democrático.
