Por: Osvaldo Santana
.- Poco antes de que el presidente Luis Abinader hablara al país ante la Asamblea Nacional el pasado 16 de agosto, tras su juramentación como presidente para el período 2024-2028, uno de los animadores en la cadena oficial montada para la ocasión lo llamó el “presidente reformador”.
La expresión pudo resultar chocante para quienes observaron el detalle, porque hasta entonces no se conocía de transformaciones o cambios ejecutados en sus primeros cuatro años, pero, tras el discurso del mandatario, era obvio que el animador tenía conocimiento previo de los planes que anunciaría el mandatario.
En la ocasión, Abinader adelantó algunas ideas, pero es ahora cuando se ve claramente que el legado de que habla y ha pregonado, la transparencia y la lucha contra la corrupción, no era suficiente para materializar sus ideas de cambio. Que requería más: Abinader puede ser considerado el reformador, al menos, de la Administración pública dominicana, si es que se cumplen todas sus propuestas.
El eje central de su plan ha sido la modificación de la Constitución, con el propósito, según ha insistido, de endurecer (petrificar) la prohibición de la reelección más allá de dos períodos consecutivos, como recurso para fortalecer la institucionalidad democrática. El segundo eje perseguiría la modificación del sistema de designación del procurador general de la República, para fortalecer lo que llama un Ministerio Independiente.
Ambas propuestas han sido muy criticadas, porque se considera que lo previsto en la Constitución vigente en los artículos 124, 169 y 170 son suficientes para el régimen de elección (124), lo mismo que para el marco de actuación del procurador general (169,170).
La reforma incluye también una reducción del número de miembros de la Cámara de Diputados, que ya fue disminuido por sus compañeros legisladores, dentro de su visión de reducción del tamaño del Estado.
Su ímpetu reformador se había adelantado con su programa de reforma de la Policía, intento con moderado progreso, pero no en los términos esperados. Se ha conformado con avances en el sistema de educación policial, aumento de los efectivos, mejores condiciones de vida para los uniformados y la adquisición de equipos y nuevas tecnologías para combatir el crimen.
Después de su anuncio de reforma constitucional, ya en vía de aprobación en el Congreso, el presidente adelantó una versión para modificar el código laboral, aún en fase de discusión, porque ha sido imposible un consenso sobre aspectos nodales entre los patronos y los trabajadores.
Según adelantó, con la reforma laboral se pretende impulsar la creación de más empleos de calidad y actualizar el marco regulatorio del trabajo, mediante el fortalecimiento de la protección social y la adaptación de la legislación a las nuevas realidades del mercado laboral.
Otra reforma clave es la del sistema de seguridad social para seguir “mejorando la vida de los dominicanos”, ha dicho el presidente. Esta, probablemente la de mayor impacto directo en la población para la prestación de los servicios básicos de salud, no ha tenido el impulso esperado.
También el presidente adelantó un plan para reducir el tamaño del Estado, orientado a disminuir el gasto y mejorar la eficiencia de la Administración. El 16 de septiembre anunció la fusión de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y Educación (Minerd). El ministerio de la Presidencia se fundiría en el Ministro Administrativo. Asimismo, los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo pasarían a ser uno solo para denominarse ministerio de Economía y Hacienda. Además, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) sería absorbido por el ministerio de Agricultura. Asimismo, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) sería fusionada con el Programa Supérate, para mejorar «la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos de esas entidades». Habría otras absorciones, y varias instituciones menores serían eliminadas.
Y ahora, el presidente Abinader anunció su reforma fiscal, que denomina “Ley de Modernización Fiscal”, que en los próximos días será objeto de debates. Su apuesta busca recaudar al menos 110 diez mil millones adicionales anualmente, para atender las demandas sociales, satisfacer los servicios públicos y la sostenibilidad económica, mediante la ampliación de la base impositiva del Itebis, el aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas y las azucaradas, la renta individual y de empresas, la eliminación de las exenciones tributarias, nuevo paradigma para el pago del anticipo, la persecución de la evasión y otras medidas. El paquete impositivo será presentado mediante proyecto de ley al Congreso Nacional, con el propósito de que sea aprobado antes de enero de 2025.
Camino fácil
Como el gobierno tiene el control absoluto de las cámaras legislativas, lo más probable es que todas las reformas de Abinader sean aprobadas sin dificultades. De hecho, ya empezaron a validar la reforma constitucional.
Además del control de las cámaras legislativas, el oficialismo ha planteado sus cambios o reformas en un momento social y políticamente favorable, tras el arrase del oficialismo en las elecciones pasadas.
El camino está allanado para el plan reformista. Los elementos más dinámicos que en el pasado reciente eran la expresión de la sociedad civil continúan atados al gobierno, en bajo perfil, o simplemente silenciados.
La calle o la masa, que abrumadoramente votó por el cambio, está anestesiada. No hay indicadores de que la población presente resistencia a lo que a fin de cuentas se plantea como sinónimo de progreso social.
La oposición, disminuida totalmente en las instancias de representación, como el Congreso, no tienen más alternativas que expresar sus desacuerdos, sin mucha audiencia. Además, continúa por un lado envuelta en conflictos internos (el PLD) o en proceso de reestructuración.
Todas las iniciativas anunciadas o en ejecución están sujetas al paso del tiempo, para determinar qué tanto impacto o repercusión tendrán en la economía o en la vida de la gente.
Ahora, lo que está claro es que Abinader ha emprendido el camino de la reforma más abarcadora que se recuerde en tiempos modernos. Desde ese punto de vista, habría que verlo como el gobernante que se atrevió a tomar medidas transformadoras en la Administración, en el desempeño económico y en la vida institucional de la República.
De hecho, el presidente abona lo que él mismo ha llamado su “legado”. Es decir, lo que dejará a su paso por el poder como personaje que trató de establecer un paradigma en transparencia, la reducción del tamaño de la Administración; que trató de implantar algunos cambios institucionales, mejorar la calidad de vida de las personas, mediante reformas laboral y la seguridad social.
Y con medidas atrevidas contenidas en la proyectada reforma fiscal, buscar los medios para hacer esos cambios sostenibles sin pretendidamente dañar a los sectores más vulnerables.
Todo eso, sin embargo, está sujeto al paso del tiempo, que todo lo propuesto sea para bien, y no para nada, o peor, para que salga mal.
Mientras, todas las circunstancias les son favorables al cambio.
