Distrito Nacional, RD.- El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y el exprocurador general adjunto, Hotoniel Bonilla, quienes además son abogados del empresario canadiense Antonio Carbone, afirmaron que sectores muy poderosos influyeron para que su representado fuera condenado por un caso en el que no se presentó ni una prueba que lo vinculara al hecho que se le imputa.
En ese sentido, ambos juristas manifestaron que el poder fue tal que provocaron que el juez presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, fuera separado de su cargo hasta que el proceso concluyó con una condena de 20 años.
Se recuerda que el inversionista extranjero fue acusado en 2014 por un supuesto intento de homicidio contra Fernando Báez Guerrero, un importante empleado de Dream Casinos Corporation, empresa que formó Carbone en 2011 con su hermano y varios socios. Báez Guerrero lo acusó por el incendio de su vehículo la noche del lunes primero de diciembre de 2014.
Rosario explicó, en el programa radial «El Gobierno de la Mañana», de Z-101 FM, que los artículos 148 y 149 del Código Procesal Penal (CPP) establecen la extinción de la pena y que el proceso debía durar tres años y seis meses, y que en la actualidad se amplió a cuatro años para permitir que el imputado pueda ejercer su derecho, recurrir en apelación y elevar las instancias que fueren necesarias.
«Pero sucede que han transcurrido 10 años y el señor Antonio Carbone sigue bajo medida de coerción, sin poder salir del Distrito Nacional y tiene un grillete», dijo el abogado.
Manifestó que la condena de 20 años anulada por el Tribunal Constitucional fue el resultado de un tribunal constituido de forma irregular, donde hubo una función usurpada de acuerdo con lo que establece el artículo 73 de la Constitución de la República, que establece que toda usurpación de una función pública termina con una nulidad de todo el proceso.
Roberto Rosario señaló que en el caso de Carbone se violó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que el imputado debe ser juzgado por un juez competente y natural. Indicó, además, que en el proceso del inversionista extranjero se violaron desde el artículo uno hasta el 28 del Código Procesal Penal.
Rosario consideró que el caso de Antonio Carbone es para que la justicia y la sociedad en general se sientan avergonzadas.
«Si tú eres capaz de armar un tribunal para juzgar a una persona, eso no es justicia, es todo lo que tú quieras, pero no es justicia», continuó diciendo el togado.
Rosario agregó que todas las violaciones de que fue objeto el magnate de los juegos de azar fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Constitucional.
Recordó que la abogada que jugó el rol de juez en el juicio en el que fue condenado Carbone fue nombrada con ese cargo cinco meses después de haber concluido el proceso.
Enfatizó que quiere pensar que la hoy jueza, cuyo nombre no reveló, fue tomada en su buena fe, al tiempo de señalar que esa acción afectó la vida del empresario canadiense y de toda su familia, además de actividades humanas que fueron impedidas de realizarse, dinero y recursos que fueron desviados a otro lugar.
El abogado dijo que, ante todas esas violaciones, el Consejo del Poder Judicial no ha hecho nada, esto pese a que existe una sentencia del TC y de la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El profesional del derecho concluyó diciendo: «Eso le pasó a Carbone siendo inocente, pero eso le pudo pasar a cualquier extranjero o ciudadano común».
Por su lado, Hotoniel Bonilla, entrevistado en el programa radial «A Diario», de Sentido 89.3 FM del grupo RCC Media, comentó que la notoriedad del caso en el sistema de justicia dominicano se comienza a destacar porque «se ha generado un precedente, por primera vez el Tribunal Constitucional decidió anular todo un proceso judicial».
El abogado afirmó que a su cliente «le han violentado todos los derechos fundamentales en toda su dimensión», mencionando algunos ejemplos como «arresto sin orden judicial, el ser retenido en el Aeropuerto de Punta Cana por alerta migratoria, prisión preventiva por nueve años y también la extensión de la duración de la investigación», a pesar de lo estipulado en el Código Procesal Penal Dominicano.
Antonio Carbone fue condenado a cinco años de cárcel en mayo de 2020 y al pago de dos indemnizaciones de 5 y 20 millones de dólares. En agosto de 2023 este caso también quedó nuevamente anulado y se implementaron en enero de 2024 las medidas de coerción.
Fernando Báez Guerrero interpuso una querella ante el Consejo del Poder Judicial contra el juez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien varió las medidas de coerción. Dicho juez fue suspendido como resultado de la acusación.
Aún se desconocen los autores del incendio del vehículo que, según explica Roberto Rosario, se encontraba en la avenida Enriquillo a unos 300 metros del hogar de la víctima, donde esta se encontraba en ese momento.
El acusado, por su parte, se encontraba en Canadá visitando a su familia cuando, días después del supuesto atentado, regresó a República Dominicana.
Los abogados no descartan que se tratara de una trama debido a que la víctima era accionista de la empresa, por lo que una vez detenido Carbone, Báez Guerrero quedó como gerente, entre otros beneficios. Aseguran que los demás querellantes también son beneficiarios de los bienes del canadiense.
Tanto Rosario como Bonilla alegan que la salud y bienestar de su cliente fueron ignorados mientras se encontraba en prisión. Los médicos recomendaron tratamiento debido a que estaba teniendo episodios ocasionados por su padecimiento de mal de Parkinson.
Para el próximo día 4 de febrero el Segundo Tribunal del Distrito Nacional tiene pautada la tercera audiencia del nuevo juicio de fondo en el que la barra de la defensa busca demostrar la inocencia de Antonio Carbone.
