Por: Juan Carlos Espinal
.- En tan solo 4 años, la administración gubernamental del presidente Luis Abinader 2020-2024, tenía en su haber un notable dominio de la oposición política, – a pesar del hecho de que ministros, directores generales, legisladores, alcaldes y regidores habían incurrido en la distorsión de la vida política, implosionado el sistema judicial, defenestrado la composición social de la democracia representativa 1966-2024-, alterando el origen pluralista de la Constitución política del estado social y de derechos promulgada en el año 2010, la que aprobaron al vapor sin meditar las consecuencias; fortaleciendo los patrones básicos de los intereses corporativos de la sociedad civil organizada; gobernando para y por los holdings de empresas; concentrando los medios de comunicación y favoreciendo a las multinacionales.
Esto es especialmente cierto en su hegemonía política en el Congreso Nacional, en el manejo a su favor de la economía fondomonetarista, en el cual las acciones y los programas de gobierno tienden a revitalizar y fomentar los intereses del capital financiero internacional.
A su vez, ello le aseguraba al gobierno del presidente Abinader que la opinión pública nacional se proyectará hacia la continuidad del proyecto reeleccionista, como mostró fehacientemente el préstamo de US 700 millones de dólares de AERODOM, por ejemplo.
En ese sentido, una diversidad de factores geopolíticos explican el papel de apoyo político al régimen neoliberal jugado por la embajada de los Estados Unidos a la administración Abinader.
En primer lugar, los programas de asistencia social como la tarjeta Supérate es clientelar.
La participación activa de las ONGs, EDUCA en pandemia Covid19 mostró el rostro de los intereses de los grupos económicos en el entorno de la Presidencia de la República. Las vacunas, por ejemplo.
En segundo lugar, la presencia activa de Participación Ciudadana en los asuntos internos del Poder Judicial cumplió un papel político importante, muchas veces como consejeros del Ministerio Público en la judicialización de los partidos políticos.
Por consiguiente, muchos proyectos de Transparencia Internacional filial de USAID en el país reflejan, o al menos perjudican, los interés comunes de la oposición política.
En tercer lugar, la desaceleración económica pos Covid19 arrastró por senderos de la desestabilización a la economía y a la sociedad Dominicana.
La mayoría de los ministerios y direcciones generales, aún cuando se oponían a la intervención de la Cámara de Cuentas en los asuntos políticos, operaron con suficiente libertad de acción, tanto en Compras y Contrataciones como a través de Ética de la Presidencia, ampliando la escala de la deslegitimación pública.
El rápido crecimiento de la insatisfacción política y económica fue el acontecimiento social más importante del advenimiento de la derecha económica gobernante al Ejecutivo.
Para entender el contexto de la mega-crisis socioeconómica y política en la democracia representativa 1966-2024 deberíamos abordar el concepto de la democracia participativa, haciendo referencia al conjunto de espacios legítimos y mecanismos constitucionales donde l@s ciudadan@s pueden incidir, decidir, elegir y ser elegibles sobre asuntos públicos de su incumbencia, más allá de la actividad propia de los representantes de los grupos económicos en conflicto.
La diferencia entre la democracia participativa y el sistema presidencialista que aún tenemos es que en aquella a lo interno de los partidos políticos se aplica al voto secreto y directo.
La democracia participativa que viene sustentada por las mayorías supone que la participación ciudadana en los procesos decisorios es un derecho fundamental qué amerita la existencia de un ordenamiento democrático.
No obstante, en presencia de regímenes presidencialista como el actual, –caracterizados por gobiernos electos a través del sufragio universal, libre, secreto e igualitario, – a través de procesos electorales recurrentes e íntegros–, el atributo de la participación ciudadana supone una distancia mayor entre el gobierno de los representantes de las clases dominantes, y las preferencias de quienes los seleccionan previamente mediante encuestas tele- dirigidas, reservas administrativas pre concebidas o, contra reformas estatutarias de derecho privado, para con el control del presupuesto nacional sermonear como juez y parte tomando decisiones unilaterales en nombre del Colectivo.
En el régimen de la democracia representativa 1966-2024 existen dos formas de entender la participación como poder del pueblo.
En clave representativa, con encuestas, regulaciones administrativas, reservas, compra de votos, robos de urnas, por ejemplo.
Lamentablemente, la democracia burguesa supone el gobierno de los grupos económicos y políticos en minoría quienes se toman las decisiones colectivas para sí en nombre de los demás.
Sin embargo, una segunda acepción entiende la democracia como el poder de las mayorías.
Dicho de otra forma, el gobierno de la democracia popular con garantías constitucionales.
La idea moderna de democracia participativa representa una estrecha relación existente entre ambas concepciones políticas.
La democracia participativa puede hacerse efectiva a través de mecanismos electorales o deliberativos.
L@s teóricos constitucionalistas qué defienden la democracia representativa 1966-2024 sugieren que la ciudadanía acude a las urnas para decidir por opciones políticas previamente diseñadas por las mayorías y presentadas de manera efectiva por las autoridades en Plebiscitos: por ejemplo:
“¿Está o no de acuerdo con el voto secreto y directo con voto automatizado para a lo interno de las organizaciones políticas elegir y ser elegibles utilizando el padrón electoral auditado, depositado en la Junta Central Electoral, con supervisión del órgano superior electoral, para garantizar derechos fundamentales? »
Por su parte, los espacios deliberativos de la opinión pública nacional son diseñados e inducidos para que ciudadan@s en minoría, representantes del estatus quo, actores sociales y autoridades políticas corporativas se involucren en procesos de diálogos mediáticos para decidir entre todos, las mejores respuestas a sus intereses públicos.
Si bien estos mecanismos pueden ser meramente consultivos – no siempre las decisiones son vinculantes o mandatorias para las autoridades-, la acción comunicativa es un componente fundamental de estos espacios, que está ausente en el caso de los mecanismos electorales de la democracia representativa 1966-2024.
La idea de quienes postulan la democracia participativa, –específicamente cuando adquiere el formato deliberativo–, implica un salto de calidad (y complejidad, ciertamente), para el funcionamiento del régimen democrático; supone pensar y vivir la democracia en la igualdad de oportunidades.
Si bien en la realidad política de la República Dominicana es más difícil de concebir mentalmente, convivimos culturalmente con la trampa todo el tiempo.
A lo interno de la Fuerza del Pueblo hemos venido postulando abiertamente que creemos en un modelo político con mayor cantidad de espacios de participación e interacción social, – qué también sea más representativo de la ciudadanía, y más satisfactorio para la sociedad en su conjunto.
La democracia participativa es
una concepción universal que implica pensar la democracia como aquel conjunto de instituciones que garantizan la participación ciudadana en la elección de sus representantes.
Es usual que en la República Dominicana de pos guerra, los votos resolvieran pacíficamente el conflicto político.
A lo interno de la Fuerza del Pueblo defendemos esta imagen para entender una noción mínima de democracia en la que gobiernos electos por el voto ciudadano puedan continuar regularmente en el poder bajo el supuesto de que cualquier alternativa, – golpes de estado o procesos de autocratización-, son indeseables en el largo plazo, y por tanto irracional para quienes defendemos el constitucionalismo Progresista.
En los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024, las elecciones son periódicas, y la alternancia de los representantes de la oligarquía en el poder no son condiciones suficientes para la existencia de regímenes democráticos.
Sin embargo, en los gobiernos de la democracia representativa 1966-2024, el abuso de poder persiste como una norma.
Hemos constatado que la democracia representativa es una especie de poliarquía.
No es sino que un régimen político autoritario donde diversas familias o grupos económicos controlan al gobierno, lo someten al escrutinio del debate público, y le exigen cuentas a las élites de los partidos políticos a través de organismos de contraloría mediática, especialmente constituidos con ese fin.
La actual concepción de la democracia representativa supone, por un lado, una baja participación ciudadana, ausentismo político, divisiones, conculcación de derechos fundamentales, discriminación selectiva y pre selección de sus representantes de clase a través de Congresos electores irregulares, y por otro, supone en teoría la existencia de mecanismos de contestación al poder, que impidan su uso abusivo por parte de las minorías.
Finalmente, la democracia participativa –no sólo a través mecanismos electorales como los plebiscitos o referéndums-, sino fundamentalmente a través de espacios de consulta, deliberación y decisión como los presupuestos participativos o los foros ciudadanos– implica pensar a los gobiernos democráticos desde la visión comunitaria.
Bajo esta lógica, una mayor calidad democrática requiere de integración gobierno-sociedad, donde los procesos de incidencia tengan lugar.
Más allá de los espacios institucionales de rendición de cuentas propios del modelo representativo, la integración Estado-sociedad qué promovemos debería permitir que los ciudadanos inscritos en los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024 sean parte de la historia democrática de una comunidad política.
La democracia participativa supone –para la ciudadanía– dejar de asistir al devenir de la historia social como meros espectadores que emitirán su juicio al final de la proyección, y participar tod@s junt@s como protagonistas.
Lejos del concepto de ciudadanía, con el que el legislador designó al soberano, la democracia participativa promueve ciudadanos más atentos, informados, e involucrados en los asuntos públicos que los típicos perfiles desafectos de la democracia representativa, propios de nuestras sociedades de consumo y opinión.
Para evitar una gran conmoción social, política y económica que termine con hacer desaparecer lo que queda de presidencialismo es preferible que los individuos puedan a lo interno de los partidos ejercer el sufragio; saber a quienes eligen y puedan participar en decisiones colectivas sobre temas que afectan sus vidas, sin limitar su esfera privada ni sus intereses particulares.
A modo de cierre del sermón
valdría la pena preguntarnos entonces, a partir de estas tres concepciones -la democracia directa, la democracia representativa como poliarquía, o la democracia directa-.
¿En qué tipo de democracia vivimos y cuál es el modelo que guía nuestras aspiraciones y diseño institucional?
Nuestras respuestas dirán mucho acerca de la calidad y complejidad del régimen democrático personalista en que vivimos, y ofrecerán indicios del destino elegido por nuestras autoridades y por nosotros -ciudadanos- como fuentes de legitimidad.
