Distrito Nacional, RD.- El expresidente Hipólito Mejía favoreció la propuesta de 11 puntos de reforma constitucional del Partido Reformista Social Cristiano -PRSC- que incluye la habilitación del presidente Danilo Medina para las elecciones del 2024.
“Quiero dejar claramente establecido que, basado en la experiencia acopiada en mis largos años dedicado a la actividad política, así como las lecciones aprendidas durante mi ejercicio como jefe del Estado, creo apropiado que en las actuales circunstancias que sortea la vida política del país, esta reforma constitucional abra la posibilidad para la habilitación del actual Presidente de la República a las elecciones generales del año 2024”, dijo Mejía.
A traves de un documento, el también precandidato presidencial del PRM coincide con la unificación de las elecciones municipales y congresuales como fue propuesto por los coloraos.
A continuación el documento integro:
La necesidad de una reforma constitucional para adecuar algunas de las modificaciones introducidas en nuestra Carta Magna, durante las revisiones realizadas en los años 2010 y 2015, está siendo objeto de ponderación por diversos sectores de la sociedad dominicana.
Como dije hace algunos días, esperaría a que mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, fijara posición sobre el tema, por lo que después del discurso de nuestro presidente, Lic. José Ignacio Paliza, es tiempo ahora para referirme a es importante tema, lo que haré a continuación.
Parece estar en el interés de representantes de importantes sectores de la sociedad dominicana, la idea de consensuar aquellos aspectos constitucionales que han demostrado ser poco viables en cuanto a su aplicación; otros que evidentemente han fallado en la consecución de su objetivo; y aquellos que han distorsionado claramente aspectos fundamentales de nuestra vida republicana, o que no han sido efectivos para garantizar la necesaria transparencia en la aplicación de la justicia, la lucha frontal contra la corrupción, o la erradicación de los casos de impunidad, entre otros motivos.
Sobre ese particular, expresé ya, a medios de opinión pública, no estar particularmente opuesto a emprender una modificación constitucional, pero que, sin embargo, mi experiencia me señalaba que, en vista del debate público que había suscitado la mentada posibilidad de una tercera repostulación consecutiva del Presidente Danilo Medina, las vías para alcanzar un consenso razonable se verían festinadas por ese debate, en perjuicio de un proceso de revisión de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, luego de anunciada la decisión del Presidente Danilo Medina de no presentarse a una nueva repostulación, resulta pertinente debatir la conveniencia de modificar nuestra Constitución en interés de ponderar algunos temas como los que citaré a continuación.
Primero, parece haber consenso en la clase política nacional sobre la conveniencia de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
Esta medida vendría a corregir el inaceptable dispendio que significará para el pueblo dominicano, el abocarnos a la realización de dos complejos procesos electorales con escasos tres meses de diferencia entre uno y otro.
En segundo lugar, la sociedad dominicana ha venido expresando su desacuerdo con la inclusión de funcionarios subordinados al Poder Ejecutivo, como es el caso del Procurador General de la República, en el Consejo de la Magistratura.
Ese hecho ha creado un desequilibrio en esa alta instancia de la judicatura dominicana, constituyéndose en un odioso privilegio que favorece injustamente al Poder Ejecutivo.
En tercer lugar, esa reforma constitucional tiene que garantizar, de una vez por todas, la despolitización del Poder Judicial, penosamente intervenido por el mal recordado Pacto de las Corbatas Azules.
Esa desafortunada componenda ha sido garante de impunidad a numerosos desmanes judiciales, entre los que yo mismo me he visto injustamente afectado, en beneficio de intereses espurios.
En cuarto lugar, la historia política de América ha demostrado con sobrados ejemplos que el ejercicio de la presidencia por más de dos períodos constitucionales consecutivos constituye una puerta al abismo donde predominan el totalitarismo, la injusticia y la corrupción, entre otros males.
Por tanto, nuestra Constitución debe establecer, sin ningún resquicio de dudas, la limitación del ejercicio presidencial a solamente dos períodos consecutivos. De igual manera, me inclino porque el límite de dos períodos consecutivos se aplique por igual a Senadores, Diputados, Alcaldes y Regidores.
En quinto lugar, he sido un defensor a ultranza de la independencia de los estamentos de control del Estado y de quienes representan la defensa del interés de la sociedad.
En ese sentido, me sumo a las voces que claman para que, tanto el Procurador General de la República y como quienes ejercen labores de contraloría y auditoría de cuentas de la Nación sean seleccionados y elegidos por una instancia ajena a aquella que constituye el sujeto de su principal misión.
En sexto lugar, coherente con mi convicción de la necesidad de abrir nuevas oportunidades a los jóvenes, creo prudente que una modificación constitucional contemple la reducción de la edad para acceder a los puestos de senador, diputado y alcalde, de 25 a 21 años.
Hay que reconocer que los jóvenes de hoy aprovechan ventajosamente su privilegiado acceso a la educación y a la información, por cuanto su madurez política llega con notable anticipación en relación con el desarrollo que observaban los jóvenes de generaciones pasadas.
Por último, quiero dejar claramente establecido que, basado en la experiencia acopiada en mis largos años dedicado a la actividad política, así como en las lecciones aprendidas durante mi ejercicio como jefe del Estado, creo apropiado que en las actuales circunstancias que sortea la vida política del país, esta reforma constitucional abra la posibilidad para la habilitación del actual Presidente de la República a las elecciones generales del año 2024.
Tengo la firme convicción de que estas y otras oportunas medidas que pudiera contemplar la reforma de nuestra Carta Magna constituirían una vía expedita de paz, orden, justicia y progreso, lo que sigue siendo una aspiración pendiente de todo el pueblo dominicano.
