Distrito Nacional, RD.- El Frente de Ciudadanos por la Justicia calificó como una grave amenaza al respeto judicial los ataques catalogados como irrespetuosos lanzados contra el poder judicial por la comunicadora Claudia Pérez (La Tora).
Antonio mercado, presidente de la entidad, dijo que diversos sectores se sienten preocupados por la institucionalidad del país, por lo que han expresado su más profunda consternación ante la actitud reiteradamente irrespetuosa y ofensiva de la “La Tora”, en contra de miembros del Poder Judicial, en lo que constituye una grave amenaza al respeto que debe imperar en el sistema de justicia de la República Dominicana.
Dijo que las más recientes declaraciones de la señora Pérez contra la Magistrada Diana Moreno, jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, y la magistrada Clara Almonte, de la Segunda Sala, no solo carecen de fundamento probatorio, sino que han sido emitidas con un lenguaje denigrante, violento y ofensivo, vulnerando no solo el honor de las magistradas, sino afectando la imagen completa del Poder Judicial.
“En el contexto del proceso judicial que involucra al diputado Sergio Moya (Gory), Claudia Pérez ha incurrido en una serie de acciones claramente orientadas a obstaculizar el curso normal del proceso: desde ataques verbales a magistradas, hasta recusaciones sin fundamento y, más recientemente, la interposición de una querella disciplinaria contra la jueza que conoce el caso, en un acto que solo puede interpretarse como un intento de deslegitimar al tribunal y evadir responsabilidades judiciales”, dijo Mercado.
Expresó que el tono desafiante y la falta de pruebas de sus acusaciones revelan una estrategia de presión pública y mediática que socava el principio de independencia judicial.
“Convertir la defensa personal en un espectáculo mediático, desvirtuando el fondo de los procesos y afectando la moral de quienes administran justicia, es una conducta que debe ser rechazada con firmeza”, manifestó Mercado.
Por tal razón, hizo un llamado al magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y al pleno del Consejo del Poder Judicial, a fin de que se tomen las medidas institucionales correspondientes para frenar este patrón de irrespeto y desacreditación, que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en la justicia dominicana.
