Por: Aníbal de Castro
.- Tres mil millones de pesos es la suma que Maxy Montilla devolverá al Estado tras un acuerdo judicial que confirma lo que muchos intuían. No hubo simple irregularidad ni un malentendido contable, hubo un saqueo. Nadie entrega semejante cantidad por cortesía. Se paga porque se es culpable aunque el expediente se cierre con la apariencia de reparación.
La pregunta inevitable flota en el aire. Si se devuelven tres mil millones de pesos, casi quinientos millones de dólares, ¿cuánto fue en realidad lo sustraído? Hay que ser muy estulto para aceptar que el monto pactado mide el daño verdadero. Apenas lo representa en cifras, es lo más creíble. En todo caso, el número es mayúsculo y por eso mismo revela un descuido también mayúsculo de las autoridades. Mientras se robaba sin disimulo, las instituciones callaban o miraban hacia otro lado.
El castigo ahora es monetario. Se celebra el precedente. Nunca antes se había recuperado tanto en efectivo. Empero, la sanción resulta pequeña frente a la magnitud del robo. El dinero cambia de bolsillo, la herida social permanece. Nadie restituirá los hospitales que no se construyeron, las escuelas que no se equiparon, los apagones que nos castigaban mientras unos pocos se enriquecían.
En un país con déficit de sanción moral, se sueña con una condena que no figura en los códigos: la deshonra perpetua. Que el apellido arrastre siempre el peso de la infamia, que no pueda rehabilitarse quien hizo fortuna con la necesidad del pueblo. Porque lo robado no se reduce a dinero, también fueron confianza, dignidad y futuro.
La justicia ha cobrado, pero no ha dolido. Ojalá al menos quede la cicatriz del escarnio. Esa es la deuda pendiente.
