Por: Haivanjoe Ng Cortiñas
.- El endeudamiento público no es, por sí mismo, una señal de mala gestión económica. Todos los Estados recurren al crédito para financiar inversiones, enfrentar crisis o amortiguar los efectos de los ciclos económicos. La diferencia está en las circunstancias que justifican esa deuda, en la calidad del gasto que financia y en la capacidad futura del Estado para honrar sus compromisos sin comprometer el bienestar de la población.
El saldo de la deuda del Sector Público No Financiero pasó de US$35,942.5 millones en 2019 a US$67,995.5 millones a mayo de 2026. En apenas seis años y cinco meses prácticamente se duplicó, al aumentar en US$32,053 millones.
Tres gobiernos, tres velocidades
Desde 2004, la deuda pública dominicana ha atravesado tres administraciones con ritmos claramente diferenciados.
Durante el gobierno de Leonel Fernández (2004-2012), el saldo pasó de US$6,585 millones a US$19,463 millones, un incremento de US$12,878 millones, mientras la relación deuda/PIB aumentó de 28.4% a 32.1%.
En la gestión de Danilo Medina (2012-2020), la deuda ascendió hasta US$39,178 millones, con un incremento de US$19,715 millones. Fue el período de mayor aumento relativo, al elevar la relación deuda/PIB de 32.1% a 47.8%, impulsado por el Covid-19 y la caída del PIB.
En la administración de Luis Abinader (2020-mayo de 2026), el saldo alcanzó US$67,995 millones, un aumento de US$28,817 millones, el mayor incremento absoluto registrado entre los tres gobiernos. Aunque la relación deuda/PIB apenas pasó de 47.8% a 48.3%, el volumen de nueva deuda contratada supera ampliamente al de las administraciones anteriores.
Esta última comparación merece una precisión. La relación deuda/PIB es un indicador útil para evaluar sostenibilidad macroeconómica, pero el PIB no paga la deuda. Quien la paga es el Estado con los ingresos que recauda. En una economía donde una parte importante de la producción se genera en la informalidad, el PIB puede expandirse sin que la capacidad recaudatoria crezca en igual proporción. Por ello, cuando se analiza la capacidad real de pago, el incremento absoluto del saldo de la deuda constituye una referencia indispensable.
Medido bajo ese criterio, ningún gobierno dominicano de las últimas dos décadas ha incrementado tanto el saldo de la deuda pública como el actual.
Un ritmo difícil de explicar
Entre 2019 y 2020 el saldo aumentó US$8,679.8 millones, el mayor incremento anual observado hasta entonces. La explicación era evidente: la pandemia paralizó la economía, redujo drásticamente la recaudación tributaria y obligó al Estado a financiar programas de emergencia para proteger empleos, empresas y hogares.
Lo que llama la atención es que, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, sin pandemia, sin cierre económico y con turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera mostrando un comportamiento favorable, el saldo aumentó US$6,445.6 millones, el segundo mayor incremento de toda la serie histórica y el más elevado en 6 meses.
Ese contraste plantea una pregunta legítima: ¿qué circunstancias extraordinarias justifican un ritmo de endeudamiento tan cercano al observado durante la mayor crisis sanitaria del último siglo?
¿Se tomó deuda para pagar deuda?
Frente a las críticas, el Gobierno ha sostenido que aproximadamente el 80% de la deuda contratada durante esta administración se destinó a pagar o refinanciar obligaciones heredadas.
Si esa afirmación fuera correcta, modificaría sustancialmente la interpretación del aumento del saldo. Refinanciar deuda para obtener mejores tasas o plazos no equivale a crear nuevos pasivos para financiar gasto corriente.
Sin embargo, esa explicación no resiste el contraste con las cifras oficiales.
Toda deuda nueva tiene únicamente dos destinos posibles: aumentar el saldo de la deuda existente o amortizar deuda previamente contratada. En consecuencia, el monto total desembolsado puede estimarse sumando el incremento del saldo y las amortizaciones efectivamente pagadas.
Al cruzar el saldo histórico publicado por la Dirección General de Crédito Público con las amortizaciones registradas por la Dirección General de Presupuesto, el resultado muestra que, con la información disponible para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 —aún sin incorporar 2024 ni 2026— apenas el 25.8% de la deuda nueva se destinó al pago de obligaciones anteriores.
La diferencia respecto al 80% divulgado oficialmente resulta considerable.
El contraste se acentúa al revisar los gobiernos anteriores. Durante la administración de Leonel Fernández, el 39.2% de la deuda nueva se utilizó para amortizar deuda existente.
En la de Danilo Medina, la proporción fue de 38.4%. Ambos porcentajes corresponden a períodos completos y, aun así, ninguno alcanza siquiera la mitad del porcentaje atribuido a la actual gestión.
Existe además un problema conceptual con ese argumento. Si se acepta sin mayor análisis que un gobierno puede justificar cualquier incremento de la deuda afirmando que refinancia obligaciones anteriores, el razonamiento pierde capacidad explicativa. Siempre existirá deuda que refinanciar, incluida la que hoy se está contratando.
Refinanciar modifica el calendario de pagos; no elimina el capital adeudado. El saldo permanece y, en este caso, es el mayor registrado en la historia fiscal dominicana.
El destino del endeudamiento
La evaluación del endeudamiento no debe concentrarse únicamente en cuánto aumenta la deuda, sino también en qué se hace con esos recursos.
Si el incremento del saldo estuviera acompañado por una expansión significativa de la inversión pública, infraestructura, educación o salud, podría argumentarse que el país está transformando deuda en activos capaces de generar crecimiento futuro.
No obstante, la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026 muestra que tanto el gasto de capital (10.0% del gasto total) como el gasto social (44.5%) avanzaron por debajo del ritmo esperado. En consecuencia, el aumento del endeudamiento no encuentra un reflejo proporcional en las partidas con mayor capacidad para elevar el bienestar de la población y la productividad de la economía.
Cada dólar adicional incorporado al saldo representa una obligación futura de pago. El aumento del saldo es, inevitablemente, la antesala de mayores pagos por intereses y amortizaciones.
El costo que se traslada al futuro
Medido el servicio total de la deuda —intereses más amortizaciones— como proporción de los ingresos corrientes del Gobierno Central, el indicador pasó de 24.9% en 2004 a 30.1% en 2012, alcanzó 43.5% durante la pandemia de 2020 y se situó en 30.3% en 2025.
La reducción observada después de la pandemia no significa que el país deba menos. Refleja, en buena medida, que numerosos vencimientos fueron refinanciados hacia plazos más largos. Sin embargo, esos compromisos descansan ahora sobre el saldo de deuda más elevado de toda la historia.
Este fenómeno lo desarrollo con mayor amplitud en mi libro El latido de la deuda pública. El principal riesgo no reside únicamente en el tamaño de la deuda, sino en el momento en que su servicio comienza a condicionar las decisiones fiscales del Estado.
Es entonces cuando aparece la pérdida de soberanía fiscal: una situación en la que una proporción creciente del presupuesto queda comprometida con los acreedores antes de poder financiar escuelas, hospitales, carreteras o programas sociales. La política fiscal deja de responder plenamente a las prioridades nacionales para concentrarse, primero, en cumplir obligaciones previamente contraídas.
Una decisión presente con consecuencias futuras
Los gobiernos obtienen beneficios políticos inmediatos cuando financian gasto mediante deuda en lugar de aumentos visibles de impuestos. El costo político se reduce en el presente, mientras el costo financiero se traslada hacia el futuro.
La deuda pública no es simplemente una cifra que aumenta cada año. Es una decisión sobre cómo distribuir recursos entre el presente y el futuro, sobre quién recibe los beneficios hoy y quién asumirá el costo mañana.
La deuda no desaparece cuando termina un gobierno; permanece como una obligación para el Estado y para los contribuyentes. Por eso, el verdadero debate no consiste únicamente en determinar cuánto puede seguir endeudándose el país, sino en evaluar qué se construye con esos recursos, cuánto espacio fiscal se está dejando a las próximas generaciones y hasta qué punto el ritmo actual está comprometiendo la soberanía fiscal de la República Dominicana.
