Por: Aníbal de Castro
.- La Policía Nacional no es un ente aislado ni su director actúa por la libre. Cabe entender, pues, que la política de «plomo y después hablamos» cuenta con el aval del Gobierno, incluida la ministra de Interior y Policía, otrora abanderada del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las autoridades le hacen un flaco servicio al país. No solo porque parecen haber olvidado la Constitución sobre cuyo sustento gobiernan, sino porque proyectan una imagen que contradice su discurso de modernidad, de país seguro y democracia ejemplar.
Si matar es la respuesta a la criminalidad, queda sobreentendido que la Policía y su soporte institucional son incapaces de mantener el orden conforme a nuestro andamiaje legal. A la imagen de seguridad contraponen hechos que nos devuelven a la selva: la única manera efectiva de contener a forajidos, ciertos o presuntos, es el gatillo alegre.
El imperio de la fuerza testimonia el fracaso de la civilización y de cuanto esta implica para la vida en sociedad. La mano dura confirma la derrota de la persuasión legal, de la investigación y de todo ese avance con el que nos llenamos la boca al predicar la bonanza dominicana.
La cifra de 45 muertes a manos policiales en un mes debería ser un mazazo en la conciencia nacional, no una celebración. Sin acusación del Ministerio Público ni decisión de un juez, la Policía se ha arrogado la potestad de sentenciar y ejecutar. El uniforme ya es licencia para matar.
Cuando el poder tolera que sus agentes sustituyan a los tribunales, el salvajismo de la calle encuentra amparo institucional. Se ha convertido al policía en verdugo, en vez de guardián de la ley. Un Gobierno que presume de modernidad debe recordar algo elemental: la civilización comenzó cuando la violencia dejó de ser argumento de autoridad.
El autor es periodista
