Distrito Nacional, RD.- En ocasión del Día Nacional del Poder Judicial, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, adelantó varias propuestas que se propone impulsar desde la Presidencia de la República para fortalecer la institucionalidad de la Justicia dominicana.
Al citar los elementos fundamentales que deben considerarse en una reforma judicial, Abinader favorece que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por un período de seis años, sin posibilidad de ser reelecto en el cargo y que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera.
“Hemos insistido en la idea de conformar un verdadero ministerio público independiente, que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia, dada su condición de representante de la sociedad”, expresa el principal líder opositor del país.
Considera que al lograr la independencia del Procurador, se podrá obtener también la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.
“Con esto lograríamos que este órgano no dependa del Poder Ejecutivo y a la vez no requiera mantener una relación “estrecha” con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único período”, apunta Abinader.
Logrando la independencia del Procurador, a la vez se podrá obtener la despolitización del ministerio público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.
Pero agrega que “en adición a la designación del Procurador el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en la manos del propio procurador.
Considera el economista y dirigente político que la desvinculación de la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo requerirá substraer de su esfera algunas de sus competencias actuales que son propias del poder ejecutivo y asignarlas a lo que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia.
Y apunta que el Ministerio de Justicia sería responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario; de ejercer la representación en justicia del Estado; actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos; supervisar el ejercicio de la profesión de abogado; coordinar el servicio de defensa pública, y representar al Estado ante organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia.
Consejo Nacional de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia
En esta ola de reformas visualizada por Abinader en el sector justicia define como imprescindible modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de minimizar la influencia del Presidente de turno sobre el mismo y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica.
“Nuestra propuesta en este sentido va dirigida en dos aspectos: 1) la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo, con lo cual recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones; 2) la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución”, expresa en su mensaje.
El licenciado Abinader entiende que uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo.
En este punto considera que el artículo 180 de la Constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo período luego de una evaluación a ser realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esa alta corte se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional.
“Si algo hay que evaluar en un juez en ejercicio que desea continuar en el cargo seria su desempeño, puesto que el hecho de haber sido designado anteriormente da por supuesto que posee las aptitudes intelectuales requeridas, por lo que entendemos que la inamovilidad absoluta de los jueces en países como el nuestro puede resultar improcedente, dado que con renovaciones programadas y reglamentadas podemos llegar a alcanzar la madurez requerida en el cuerpo de jueces supremos”, precisa Abinader.
En ese sentido propone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un período único de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos nueva vez en su cargo, apuntando que su designación sería en períodos escalonados similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional para que la renovación del pleno sea de manera parcial y no perder la continuidad en el funcionamiento del sistema.
Por otro lado, el candidato del PRM y otras fuerzas aliadas plantea que en interés de fortalecer la carrera judicial, propondría que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera y que, en consecuencia, ningún juez proveniente del ejercicio privado o del ministerio público pueda detentar esta posición. “Con esto, no sólo apostamos a la carrera judicial, sino a una mayor identificación de los demás miembros del poder judicial con su órgano de dirección”, expone en su declaración.
Pero dice estar consciente que la materialización de esta reforma implicaría una reforma constitucional, “para lo cual será imprescindible el compromiso y la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, a los cuales pretendemos convocar una vez asumamos la Presidencia de la República el próximo 16 de agosto”.
Dice estar convencido de que con la implementación de estas ideas y otras medidas que serán establecidas en el programa de gobierno del cambio, se podría lograr una nueva ola de cambios para el sistema judicial dominicano que permitiría su institucionalización y fortalecimiento para el bien de todos los dominicanos.
A modo de ejemplo, entre los cambios puntuales cita “el mejoramiento de los salarios y equipamiento de los policías, modernización de los institutos de investigación forense, creación del número necesario de tribunales para una adecuada funcionalidad de la justicia, y, por supuesto el cumplimiento en la asignación de la partida presupuestaria que ordena la ley al poder judicial. Con esto lograremos una nueva ola de cambios para el sistema judicial dominicano que permitirá su institucionalización y fortalecimiento para el bien de todos los dominicanos”.
