Distrito Nacional, RD.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, instruyó a los miembros del Ministerio Público, trabajar de forma remota durante el período de cuarentena, de manera ininterrumpida en los procesos judiciales a su cargo, a fin de estar debidamente preparados para que, luego del cese del estado de emergencia, se pueda lograr la inmediata reanudación de los mismos.
Las instrucciones fueron dadas mediante una comunicación dirigida a los procuradores generales de cortes de apelación titulares de las procuradurías regionales y de las procuradurías especializadas, los titulares de las oficinas del Abogado del Estado de las jurisdicciones inmobiliarias y a todos los fiscales titulares del país.
Esta instrucción dictada por el jefe del Ministerio Público, garantiza que al término del estado de emergencia nacional, los plazos procesales puedan ser cumplidos y permitir así, la reanudación de los procesos, además de que garantiza los derechos de las victimas y de los imputados.
Igualmente, busca evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminar toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.
En tal sentido, la institución explicó en un comunicado de prensa, que para el cumplimiento de estos objetivos, el procurador Jean Rodríguez ordenó a los representantes del Ministerio Público, según corresponda, coordinar de manera virtual en sus respectivas instancias y asegurar el cumplimiento efectivo de presentar y atender todos los casos que correspondan ser conocidos por los jueces de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, conforme a la habilitación que ha hecho el Consejo del Poder Judicial, sobre su accionar y alcance durante el período de emergencia declarado mediante el decreto No. 134-20 del presidente de la República, de fecha 19 de marzo de 2020, por la pandemia del coronavirus.
De igual manera, deberán realizar un levantamiento y preparar un inventario de los casos vigentes en sus respectivas jurisdicciones, que tengan algún momento procesal durante los meses de marzo, abril y mayo, estableciendo la etapa en que se encuentran y las acciones procesales que aplican en cada caso.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público deberán garantizar el cumplimiento estricto de cada proceso, debiendo preparar la documentación necesaria que deba ser presentada en el tribunal o notificada a las partes antes de la fecha originalmente fijada o establecida como vencimiento de cada plazo o acción procesal, teniendo dichos documentos impresos, solo pendientes del depósito en el tribunal o de notificación una vez cese el estado de emergencia, para evitar retrasos indebidos y, por ende, eliminando toda posibilidad de intimaciones o declaratorias de prescripción de la acción por parte de los órganos jurisdiccionales, decisiones que pudieran afectar a la víctima y al propio Estado.
También, recibieron instrucciones del procurador general para que procedan a establecer los mecanismos idóneos para realizar de manera no presencial todas las diligencias que posibiliten la agilización de los procesos y la presentación de los actos conclusivos de manera oportuna, sin desmedro del cumplimiento con los estándares probatorios.
Los miembros del Ministerio Público, conforme ha sido solicitado, además, deberán remitir el inventario de los casos, a más tardar el 3 de abril de 2020, al Director General de Persecución del Ministerio Público, quien, junto a los procuradores generales de cortes de apelación titulares de las procuradurías regionales, supervisarán el cumplimiento de la presente instrucción, debiendo preparar informes semanales del avance y progreso de cada una de las actuaciones, los cuales deberán ser entregados cada viernes, con la primera entrega el viernes 10 de abril de 2020.
En la instrucción dada por el procurador general Jean Rodríguez destaca el deber del Ministerio Público de cumplir con eficacia su rol como responsable de dirigir la investigación penal establecida por la Constitución y las leyes, debiendo cumplir de manera particular con la investigación de casos, presentación de medidas, acusaciones y otros actos procesales.
“Reafirmamos el compromiso de trabajar incansablemente en beneficio de los usuarios del sistema penal y de la población en general, cuidando nuestra salud y que sean implementadas las acciones que resulten necesarias, tomando en cuenta la evolución de la situación sanitaria nacional”, expresó Rodríguez.
