Distrito Nacional,RD.- El bloque de diputados y senadores de la Fuerza del Pueblo anunció al país que no darán su voto a favor para aprobar la cuarta prórroga del actual estado de emergencia como lo solicitó el presidente Danilo Medina al Congreso, por considerar que la petición es incoherente, inconsistente y contradictoria con las disposiciones aplicadas de la reapertura de la economía.
Henry Merán, secretario de Asuntos Legislativos de FP, manifestó que los bloques legislativos de esa organización basan su postura en que por una parte el Gobierno está ejecutando un plan de apertura gradual de la economía y por la otra solicita una cuarta extensión de plazo del estado de excepción.
“El Gobierno al aplicar el plan de reapertura de la economía ha provocado en la práctica que la ciudadanía retorne a sus labores habituales y cotidianas en más de un 70%, incluyendo los principales sectores productivos, por lo que el mantener vigente el estado de excepción pierde toda razón y sentido sanitario, pues solo conllevaría a restringir derechos fundamentales”, precisó.
Dijo que las autoridades han ignorado todas las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Fuerza del Pueblo y otras fuerzas opositoras para mitigar el impacto del coronavirus.
El secretario de Asuntos Legislativos de FP explicó que a esos fines fue presentada una resolución en el Congreso que exige la inmediata y eficaz respuesta a la crisis sanitaria que vive el país, la aplicación mínima de 5 mil pruebas diaria, atención a los más vulnerables, protocolo social ante el covid-19, así como la exigencia de la transparencia para las compras de bienes y servicios del Estado.
«El Gobierno ha dado un manejo ineficiente y tardío a la crisis sanitaria, además de tener un manejo antojadizo y manipulado de las estadísticas oficiales del covid-19, a los fines de seguir administrando indiscriminadamente los recursos del Estado al tiempo de prolongar la crisis con fines políticos electorales”, argumentó.
Merán consideró improcedente seguir con el estado de emergencia nacional vigente, mientras el Gobierno lo utiliza para procurar ventajas y beneficios políticos particulares, a espalda del interés y la salud del pueblo dominicano.
