San Pedro de Macorís, RD.- El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción consistente en prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso seguido contra seis personas vinculadas a 549 kilogramos de cocaína, que fueron confiscados el pasado mes de febrero a una importante red que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico.
La medida de coerción fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís contra Dinno José Pereyra, Jorge Calderón Moreta (Toni); Guadalupe De Jesús Estévez (Bolívar), Salvador Yuberes De León (El Cuñado), Rodolfo Ariel Pacheco Azarte y Jorge Daniel Quintana Esteban, siendo aplazada la audiencia para el próximo 31 de julio a solicitud de los abogados de los imputados, quienes solicitaron más tiempo para tomar conocimiento del expediente.
El Ministerio Público explicó que los imputados fueron arrestados mediante orden judicial en el transcurso de una investigación que lleva a cabo contra dicha red criminal, como continuidad al operativo de fecha 3 de febrero de 2020, donde fueron ocupados 549 kilogramos de cocaína clorhidratada y detenidos los imputados Benito Vidal Inirio Sánchez, Luis Alejandro Rodríguez y Antonio Santana Areche, quienes cumplen prisión preventiva por su vinculación al caso.
Detalló que en el transcurso de la operación donde se arrestaron los últimos seis imputados, fueron allanados nueve domicilios en las jurisdicciones del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Azua de Compostela e Higüey, durante los cuales se ocuparon 10 dispositivos móviles (celulares), 3 escopetas y una pistola, marca Sturm Ruger, serie P95, DC, todas las armas sin documentación legal, así como 4 vehículos de alta gama de distintas marcas, incluyendo tres yipetas de las marcas BMW y Lexus y una camioneta marca Toyota, así como dinero en efectivo en distintas monedas y diferentes documentaciones.
A través de un comunicado de prensa el órgano de justicia informó que el grupo fue sometido a la justicia por su vinculación a actividades que constituyen una violación a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
