Distrito Nacional, RD.- La anterior gestión de la Procuraduría General de la República suscribió cuatro contratos de trabajo, con igual número de abogados, para una asesoría legal «gratuita» por tres años, que si las actuales autoridades deciden rescindirlos deberán pagar RD$20 millones, es decir, RD$5 millones para cada contratado.
Los juristas Julio Cury, Eduardo Jorge Prats, Valentín Medrano y José Martínez Hoepelman, suscribieron el convenio el 17 de marzo de 2020 que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023. En representación del órgano persecutor firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien recibió un poder especial del entonces procurador Jean Alain Rodríguez.
Los abogados tendrían como tarea principal enfrentar la objeción hecha por 19 fiscales al «Concurso Interno para la Selección de Titularidades» convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
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El referido contrato establece en su articulo 2, que las partes convienen que la representación legal que harán los abogados será «totalmente gratuita», y resalta que la parte contratante no hará ningún pago por los citados servicios. Sin embargo, el artículo 4 dispone que si la parte contratante decidiese poner fin al contrato de manera unilateral, estará obligada a pagarle a los contratados la suma de RD$5 millones de pesos, como «indemnización moral».
Tras conocerse el convenio de asesoría legal «gratuita», dos de los juristas contratados reaccionaron de inmediato.
En respuesta a ello, Valentín Medrano publicó un articulo de opinión en el que cuestionó que las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República se dediquen «a perseguir prestigios y dañar famas y honras». Pidió se rescinda el referido contrato de trabajo, sin que conlleve el pago de un solo centavo en su favor.
En igual dirección se expresó Eduardo Jorge Prats, a través de su cuenta de Twitter, expresando no tener objeción a que el contrato honorifico se dejara sin efecto.
































