Distrito Nacional, RD.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, valoró la incorporación de la Alcaldía de Guerra a los trabajos que se llevan a cabo para garantizar la efectiva reinserción social de los privados de libertad en esta demarcación mediante su integración al mercado laboral.
“Que la Alcaldía de San Antonio de Guerra se comprometa a implementar programas enfocados en la reinserción social y la incorporación de los privados de libertad de este municipio al mercado laboral tiene, además del innegable gesto humano, un componente que potencializa la actividad social y el desarrollo económico de esta comunidad, cuya población se estima en más de 50 mil habitantes en la actualidad”, manifestó.
En ese mismo orden, ponderó el gesto de crear una comisión comunitaria de apoyo, así como la donación de un terreno para la construcción de un centro para la modalidad de Medio Libre y la reinserción social.
La magistrada Miriam Germán Brito habló al firmar un acuerdo junto al alcalde del municipio San Antonio de Guerra, Francisco Rojas García, y la coordinadora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, en la sede de la Procuraduría General de la República.
La procuradora general dijo que se trata de una decisión acertada de las autoridades municipales, y de su población, el hecho de integrarse al trabajo que desarrollan la Procuraduría y todo el Ministerio Público, para que se convierta en una realidad la operatividad de los ocho Centros de Corrección y Rehabilitación que podrán alojar en un ambiente saludable a unos ocho mil privados de libertad.
Esos ocho centros con acceso independiente componen el complejo Las Parras, ubicado en la localidad del mismo nombre en el municipio de Guerra, que recibirá a los internos de la actual Penitenciaría Nacional de La Victoria.
“La presencia de este complejo implicará para el Estado dominicano y sus contribuyentes una cuantiosa inversión en infraestructura y puesta en operación, la cual ayudará a reactivar la actividad económica de la comunidad del municipio de San Antonio de Guerra y a generar cientos de empleos útiles para sus habitantes, a la vez que favorecerá el mejoramiento de los servicios públicos”, explicó la funcionaria del sistema de justicia.
Dijo que, de esta forma, dichos centros penitenciarios se suman, al igual que las zonas francas que operan en Guerra, para aportar más progreso y bienestar a todos sus residentes.
En cuanto al compromiso asumido por la Procuraduría General con esa comunidad, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo que promoverán el cumplimiento y respeto íntegro de todo el ordenamiento y régimen tributario municipal con la Alcaldía, además de que resolverán de forma definitiva los diferendos que surgieren relativos al pago de los arbitrios o tasas establecidos conforme a la ley.
“Hoy queremos reafirmar a las autoridades y a los habitantes de Las Parras y de todo el municipio de San Antonio de Guerra que pueden contar con el apoyo pleno y el acompañamiento de la Procuraduría General de la República, y de nuestra gestión, en todas las acciones que fortalezcan su desarrollo comunitario y social”, manifestó la procuradora general.
En el acto participaron también participaron, Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en Políticas de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario; Roberto Hernández, director general de Prisiones, y el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Ysmael Paniagua.
Un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República destaca que el convenio de colaboración interinstitucional tiene como propósito contribuir con el buen funcionamiento de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras.
Específica que buscan fortalecer la educación y reinserción social de los internos, preferiblemente oriundos del municipio de San Antonio de Guerra, así como cooperar con la limpieza y el ornato de las comunidades de Las Parras, La Reforma y otras del municipio, así como también promover las buenas relaciones con los privados de libertad.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y será revisado anualmente, señala el documento de prensa.
