Distrito Nacional, RD.- La Fundación Institucionalidad y Justicia condenó la ola de feminicidios que, en los últimos días, ha arropado los medios noticiosos cual efecto dominó, precisamente en este mes de noviembre que celebra la familia y, en el cual, se conmemora el día de la no violencia contra la mujer.
Ante este contexto de violencia de género que sufre la República Dominicana, resulta necesario reflexionar respecto a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas públicas que han sido implementadas en el país en los últimos años a fines de contrarrestar los altísimos niveles de este flagelo conjuntamente a la ausencia de medidas efectivas que fueran en ayuda de la mujer maltratada ante las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.
Este “mea culpa” debe erigirse en un punto de partida en aras de finalmente abocarnos en una cohesión interinstitucional que refleje el necesario compromiso desde el Estado respecto de lograr el diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas que respondan adecuadamente a nuestra realidad enfocando el problema desde una perspectiva integral y destinando los recursos suficientes a tales fines.
Al profundizar sobre las causas de este mal, encontramos en la doctrina más socorrida -recogida en importantes declaraciones y convenciones internacionales- que la violencia de género es “el resultado de las construcciones culturales o estereotipos de género que producen prejuicios y prácticas que consideran a la mujer como subordinada o le atribuyen funciones estereotipadas. (…) se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y, a la vez, es uno de los mecanismos mediante los cuales se perpetúa la subordinación subyacente.”
A pesar de las tradicionales actividades que, en esta época y de manera simbólica, realizan las instituciones, entidades e instancias del Estado que interactúan con esta problemática, resulta innegable la falta de voluntad para transformar las causas estructurales que originan la violencia contra las mujeres, lo cual, sin lugar a dudas, repercute en la ineficiencia de las acciones de contención de la violencia.
Es momento de dejar en el pasado las políticas públicas y declaraciones momentáneas y superficiales que, lejos de tratar las raíces del problema, levantan una niebla de inacción que permiten, tanto al Estado como a la sociedad, eximirse de su responsabilidad en la perpetuación del componente estructural que alimenta este mal; pues el impacto negativo de este flagelo no es peccata minuta sino que cobra víctimas mortales y, de manera paralela, provoca un daño agudo a las familias, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.
Desde FINJUS hemos sido enfáticos e insistentes en señalar que, además del desconocimiento y desinterés en las causas estructurales, subyacen otras debilidades funcionales de las cuales resaltan la inacción, la indiferencia, las políticas y procedimientos contradictorios de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres víctimas de violencia, ejemplo de ello los acuerdos dados a victimarios en criterios de oportunidad aun cuando existen antecedentes gravísimos, falta de personal especializado para la atención de las víctimas; así como también, la dispersión de los sistemas de registro, monitoreo y seguimiento de casos y, muy especialmente, la falta de coordinación interinstitucional en los objetivos y enfoques para abordar esta problemática.
Uno de los aspectos menos enfocados en la primera fase de la pandemia lo fue este flagelo, y es que las mismas circunstancias de la etapa del confinamiento potenciaron los factores de riesgo de violencia de género al entrar en aislamiento dificultando así la solicitud de ayuda y de denuncia, así como facilitando el total control del agresor. En este periodo de pandemia, se requiere entender que el tratamiento de la violencia de género debe enfocar, al menos, un sentido evolutivo que contemple las consecuencias durante la etapa del aislamiento, y tras la apertura, pues se genera lo que denominan los expertos como “la percepción de pérdida de control” que tiene el agresor.
Dado el alto número de denuncias y muertes de mujeres en situación de violencia, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas en materia de medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación aprovechando el avance de la tecnología, tal pudiese ser el uso de tobillera o brazalete electrónico que permita la geolocalización perimetral de agresores en cercanía en caso de alto riesgo. Diversos estudios muestran que el uso de la tecnología ha resultado eficaz tanto para mantener alejado al agresor como para mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas; sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que la violencia contra las mujeres es un fenómeno multi-causal que afecta a una amplia gama de personas en diferentes entornos y que debe abordarse en múltiples niveles y sectores de la sociedad simultáneamente.
Finalmente, desde FINJUS consideramos necesario que el Estado invierta más recursos y redoble esfuerzos en áreas que van desde la recolección de datos, la creación y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de protección, la mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones pertinentes que apelen a la debida diligencia del funcionario que se encargue de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer; de igual forma, la actualización de las herramientas que ayudan a la investigación y documentación sobre estrategias de prevención, el uso de la tecnología, la prestación de servicios de calidad de apoyo a las sobrevivientes, y programas de educación y concientización que promuevan cambios en las normas y las actitudes sociales que resultan nocivas para las mujeres, entre otros.
