Distrito Nacional, RD.- Cientos de juristas miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para reclamar la reapertura de los tribunales y el cese de los abusos y de las cancelaciones injustificadas de los servidores del sistema, durante la celebración del Día del Poder Judicial.
Las protestas se realizaron con pancartas y una caja de muertos donde se simboliza la muerte del sistema de justicia, en momentos en que se realizaba una audiencia solemne dentro de la Suprema con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.
Los abogados denunciaron que en estos momentos la justicia dominicana se encuentra en su peor momento por todas las medidas desacertadas, ilegales e inconstitucionales adoptadas por el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, por lo que solicitaron su rápida destitución.
«Mantener el cierre de la mayoría de los tribunales, disponer cancelaciones masivas de personal, movimientos injustificados, cambios en secretaria que afectan a los usuarios del sistema, mal manejo de los fondos, designación de empleados y asesores con hasta 400 mil pesos, violando la Ley de Función Pública, de Carrera Judicial y el escalafón, son parte de las medidas tomadas por Luis Henry Molina que afectan a miles de abogados y a los usuarios del sistema», expresaron los togados.
Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, lamentó que el Día del Poder Judicial se celebre en momentos en que está secuestrado.
«Con esta manifestación, la clases jurídica nacional demuestra una vez más el gran rechazo que le tenemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que cree que está por encima de la ley, desacatando la sentencia de dos tribunales que dispusieron la apertura total de la justicia», consideró Surun Hernández.
Por esta razón reiteramos la solicitud a los diputados de realizarle un juicio político al presidente de la Suprema reclamaron a los diputados iniciar cuanto antes, el proceso para que Molina sea sometido a un juicio político.
El vocero del CARD consideró que este es un país democrático donde debe imperar el derecho a una justicia que no esté manejada por firmas españolas o por empresas privadas.
Los profesionales del derecho pidieron además a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura analizar las pruebas depositadas en la secretaria de ese organismo, que se evidencian nuestras denuncias.
