Distrito Nacional, RD.- El Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público anunció la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas, para garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en las unidades de compras de cada entidad del Gobierno.
El programa estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que designará en cada una de las instituciones estatales un oficial de cumplimiento que procurará “excelencia y transparencia” en los procedimientos de compras y contrataciones, así como la implementación de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación.
La información fue ofrecida por el director de la DGCP, Carlos Pimentel, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palacio Nacional.
“En el día de hoy se anuncia al país la creación del programa de cumplimiento normativo, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quien designará en cada una de las instituciones públicas un oficial de cumplimiento que dependerá de este órgano rector”, indicó Pimentel.
En ese sentido, el funcionario subrayó que el órgano que dirige tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, así como las disposiciones normativas existentes en el país para asegurar mayores niveles de transparencia y control, y al mismo tiempo que el gasto público pueda ser más efectivo.
Señaló que el programa y las designaciones iniciarán “de manera inmediata” aunque de forma gradual y comenzarán “por las instituciones del Estado que administran mayor cantidad de presupuesto y que tienen tareas vinculadas a servicios fundamentales del pueblo dominicano, como la construcción, educación y salud”.
Pimentel explicó que el presidente de la República, Luis Abinader, instruyó las designaciones de esos oficiales. A partir de la cantidad de ministerios, direcciones generales e institutos, considera que serían “más de cien, y que estarían en estricta coordinación con la Dirección Antifraude de la Contraloría General de la República”.
De su lado, Ortiz Bosch dijo que el Gabinete se ha reunido semanalmente para verificar el desarrollo de múltiples tareas, entre ellas el “compromiso firme de acelerar los procesos de contratación; asegurar el pago a los proveedores del Estado y, sobre todo, llegar oportunamente, a quien es el objetivo fundamental de esta política, que es la gente”.
Expresó que entendiendo que el país no puede esperar que se apruebe una nueva normativa para impulsar los cambios que se requieren en la Contraloría General de la República, se han designado a los abogados expertos Leonidas Radhames Peña Díaz y César Emilio Caraballo Whaytt para el desarrollo de la División de investigación y Antifraude de la Contraloría para el fortalecimiento de la función de auditorías internas e investigación antifraude en todas las instituciones del Estado.
En ese sentido, la funcionaria explicó, que estas instancias iniciarán, de inmediato, auditorías especiales y de investigación, con énfasis en las nóminas estatales y en las contrataciones públicas.
Apuntó que otros de los temas abordados por el Gabinete fue la necesidad de revisar el marco legislativo “para fortalecer la participación de la ciudadanía, el control de la actuación administrativa, la prevención de la corrupción y la persecución de los actos ilícitos cometidos desde la administración pública”.
Destacó que vía la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se han conformado comisiones de juristas especializados en los diferentes temas para presentar propuestas legislativas, como la Ley General de Publicidad Estatal; la Ley General de Libre Acceso a la Información; las leyes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República; la modernización y adecuación del código penal; la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones; así como la Ley Electoral y normas afines.
“Estamos poniendo todo el esfuerzo, la energía y el trabajo en conseguir que nunca más un gobierno, cualquiera que sea en un futuro, pueda retroceder en la calidad de la democracia que debe gestionar”, enfatizó Ortiz Bosch.
