Distrito Nacional, RD.- Como un atropello calificaron tres de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República el allanamiento ejecutado el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
El presidente del órgano fiscalizador, Hugo Álvarez, y los integrantes Félix Álvarez y Carlos Noe Tejada, consideraron que el hecho lesiona la autonomía e independencia de esa entidad.
A continuación texto integro del documento leído por el director de comunicaciones del CC, José María de la Cruz.
El pasado lunes 22, se consumó uno de los atropellos más nefastos al orden institucional prediseñado por la Constitución en aras de impulsar el Estado Social y Democrático de Derecho. Dominado por un obsesivo, selectivo y diferenciado afán investigativo, un representante del Ministerio Público, acompañado de un espectacular despliegue policial, allanó aparatosamente este órgano constitucional extrapoder de la República, lesionando irremediablemente la autonomía e independencia con la que ha de ejercer las funciones instrumentales encomendadas por el texto supremo.
Al secuestrar documentos y bienes muebles indispensables para el eficaz desempeño de las competencias que constitucional y legalmente le han sido asignadas a este órgano troncal llamado a preservar, junto con los demás de su género, el equilibrio institucional de la República, no solo se acreditó la vulneración a su autonomía, sino que también se le ha privado de ejercer en lo adelante la atribución fundamental que materializa su capacidad de autogobierno en su integralidad y que definen su posición en la estructura del Estado: controlar externamente el gasto público.
Muy a pesar de que el Ministerio Público se proveyó de una orden judicial, justo es señalar que la misma carecía de motivos fundantes de la necesidad o razonabilidad del allanamiento, como exige nuestra legislación y la doctrina comparada. En efecto, la jueza de la instrucción especial no consignó de forma verificable la probabilidad suficiente de los ilícitos penales atribuidos a los titulares de la Cámara de Cuentas a fin de justificar la medida, como tampoco la su proporcionalidad con la entidad de los hechos investigados. Y cabría resaltar aquí que para fundamentar una acusación por obstrucción de justicia, delito por el que supuestamente el Ministerio Público mantiene abierta una investigación contra los miembros de este órgano extrapoder, no se requería recabar documento alguno mediante un procedimiento de allanamiento, toda vez que dicho ilícito se configura con la renuencia cerrada e injustificada de una autoridad pública a colaborar con el Ministerio Público.
Todavía peor, la orden emitida no hizo constar como presupuesto de validez la eficacia procesal de la intromisión de que fue víctima la Cámara de Cuentas, no siendo esta el objeto de las indagatorias encaminadas por el Ministerio Público, sino sus titulares. Asimismo, el silencio guardado en la orden de allanamiento respecto de la delimitación del alcance de la búsqueda autorizada ha debido encender la alarma nacional, pues lo que se emitió fue una suerte de cheque en blanco, sin expresión precisa de los objetos que se esperaba encontrar, acaso como si no fuese de rigor que toda orden de allanamiento, en virtud del art. 182.4 del Código Procesal Penal, tenga que circunscribirse a los elementos materiales que tengan vinculación con los ilícitos penales investigados.
Para decirlo de otro modo, la orden de allanamiento fue librada de espaldas a los contenidos mínimos fundantes, asentándose en actos de fe o, si se prefiere, en el valor asignado por la jueza de la instrucción especial tanto al azar como a la versión fáctica del Ministerio Público, desconociéndose que la facultad de emitir las referidas órdenes no reposa en la discrecionalidad, sino en un racional y verosímil juicio de saber. Y son esos defectos los que precisamente afectan la legitimidad y validez del allanamiento.
Distinto a lo que consignó el Ministerio Público en la solicitud de allanamiento elevada sin el más mínimo soporte probatorio para justificarla, la Cámara de Cuentas, sus miembros y servidores han respondido a todos y cada uno de los requerimientos que les han sido formulados. Empero, la sociedad ha sido testigo de la forma intempestiva con la que el indicado órgano persecutor ha vertido en los medios de comunicación un rimero de imputaciones de conductas punibles que, sin duda, atentan contra de la dignidad, favorabilidad y estado de inocencia de los miembros y servidores de la Cámara de Cuentas, así como también contra los principios de objetividad, oportunidad, probidad y responsabilidad a los que están sometidas las actuaciones del Ministerio Público conforme a los arts. 13 y siguientes de la Ley núm. 133-11.
Siendo así, hemos autorizado a nuestros abogados, encabezados por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, a deducir en contra los responsables de tales abusos las consecuencias judiciales procedentes de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Alertamos a la sociedad, a los organismos internacionales y a las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país sobre esta arbitraria e injusta intromisión de que ha sido objeto la Cámara de Cuentas, con la que se ha vaciado de contenido su autonomía funcional y, por tanto, suprimido las competencias esenciales que la Constitución y la ley que la norma les asignan.































