Distrito Nacional, RD.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia reiteró la viabilidad constitucional y democrática de la realización de un referendo consultivo, sobre las tres causales del aborto, con el objetivo de zanjar las diferencias que por décadas mantienen, a feministas y religiosos enfrentados por el tema del aborto, en el marco de la reforma penal.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, dijo que las discusiones y diferencias alrededor del aborto se tornan insalvables e irreconciliables, haciéndose en consecuencia necesario, el recurrir a los instrumentos democráticos que prevé la Carta Magna.
Potentini entiende que el referendo como mecanismo de participación popular, se constituye en un instrumento democrático de gran valía, único e idóneo camino, para satisfacer y garantizar la decisión de la mayoría, en un tema de muchas y complejas aristas, a saber; religiosas, ideológicas y hasta sociológicas, las cuales precisan de una solución, legal, legítima y democrática.
«Hoy día es de conocimiento y convencimiento público, el que las grandes y profundas diferencia, que vienen sorteándose alrededor del tema del aborto, trasciende hasta al propio congreso, también dividido y ambivalente ante la eventual penalización o cobertura de las llamadas tres causales, todo ello por la presión y el costo político que pudiera tener una decisión en uno o en otro sentido, deviniendo el tema aborto como se ha evidenciado en un callejón sin salida, solo subsanable con un referendo», expresó.
Agregó: «Sin dudas que, bajo las actuales circunstancias, el referendo como mecanismo de participación popular, se constituye en un instrumento democrático de gran valía, único e idóneo camino para satisfacer y garantizar la decisión de la mayoría, en un tema de muchas y complejas aristas, a saber; religiosas, ideológicas y hasta sociológicas, las cuales precisan de una solución, legal, legítima y democrática».
Para la FJT la propuesta de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo resulta inviable y solo se trata de una distracción para salvar la posibilidad de tener la aprobación de un código penal, libre de cuestionamientos y conflictos como vienen generándose por más de 20 años.
