Distrito Nacional, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción compartió la posición externada en un informe por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al señalar que “corrupción generalizada” afecta las inversiones en la República Dominicana, en el que destaca que existen trabas para inversionistas, advirtiendo que el clima de inversión en el país dependerá de las medidas que tome el Gobierno dominicano.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, ve con preocupación, el contenido del informe, que abarca la corrupción, la transparencia, la competitividad y sobretodo la preocupación por la creciente deuda pública, puesto de manifiesto en el documento, como se advierte en esta manifestación “El clima de inversión en los próximos años dependerá en gran medida de si el nuevo Gobierno decide implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, frenar la expansión de la deuda pública y llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la justicia”, dice el Informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana publicado este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
ADOCCO se mostró de acuerdo con el informe que resalta que, “a pesar de una situación macroeconómica estable, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se debilitaron el año pasado; Los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas por las cuales competir y la falta de aplicación de las reglas existentes”. Continúo diciendo el vocero.
El informe está acorde con la realidad que vive el país, a partir de acusaciones de corrupción generalizada; solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del Gobierno; escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, y procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones.
Una muestra por lo que nos identificamos con lo planteado por el Departamento de Estado, lo constituye el hecho de que a la empresa la empresa Seaboard Transcontinental, operadora de las plantas termoeléctricas Estrella del Mar II y Estrella del Mar III, estacionadas en el río Ozama, se le haya cobrado los aranceles aduanales por más de mil millones de pesos, por una barcaza que sustituirá una en funcionamiento, para luego rescindirle el permiso, otorgándole un plazo de dos años para su retiro, esa situación junto a la lucha librada por empresas norteamericanas, las que deberían ser notificadas para participar de compras, contrataciones y concesiones por ser parte del DR-CAFTA, corrobora el informe.
Por ello respaldamos la posición íntegramente, como se observa con estas líneas “Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana suelen tener que tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero” y afirma también que muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación por el hecho de que la corrupción en el Gobierno, incluso en el Poder Judicial, sigue limitando la inversión exitosa en la República Dominicana. Concluyó.
