Distrito Nacional, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho se mostró confiado en que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogerá la solicitud de prórroga del Ministerio Público para seguir buscando evidencias en el proceso que se sigue por corrupción contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados del Caso Pulpo.
“La solicitud de prórroga que ha hecho el Ministerio Público ha sido tan contundente que ninguna de las defensas se ha opuesto a que esta prórroga sea otorgada; por ende, en virtud del principio de justicia rogada, el Ministerio Público habrá de contar con una prórroga para seguir buscando evidencias que le permitan presentar nuevas líneas de investigación con las que contamos, blindadas como las anteriores”, dijo.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló del tema en respuesta a periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El tribunal se reservó, para el próximo jueves, el fallo sobre la extensión del plazo del proceso solicitada por el Ministerio Público y en torno a la revisión de la medida de coerción a los involucrados en el caso.
Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezan los equipos de investigación y litigación en el proceso.
El órgano persecutor de la corrupción solicitó, durante la audiencia, que le fuera variada la prisión preventiva por arresto domiciliario a tres de los involucrados del caso que colaboran con el desarrollo de la investigación en el proceso judicial.
Recordó que el Ministerio Público ha sido coherente en el sentido de que, “cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce, incluso, el peligro de fuga y, hemos entendido nosotros que, en este y en otros casos, deben recibir un tratamiento diferente”.
Detalló que esa es la razón por la que el Ministerio Público solicitó en el día de hoy que les fueran variadas las medidas de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario a tres de los imputados.
El pasado 26 de agosto, la magistrada Yanibet Rivas, jueza suplente del presidente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de acoger la petición del Ministerio Público, ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medida Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.
En la audiencia de este lunes, en la que se conocía sobre la solicitud para la extensión del plazo del proceso y la revisión de la medida a los demás imputados, la jueza Rivas se reservó el fallo para el próximo jueves 9 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
Por este caso cumplen prisión preventiva, desde diciembre pasado, además de Medina Sánchez, los imputados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
También, Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, cumple una medida de coerción consistente en presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
