Santiago, RD.- “Vamos a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados producto de la profundidad de las investigaciones; vendrán otros casos muy posiblemente similares a Falcón que el Ministerio Público en la actualidad tiene en proceso de investigación”, destacó este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La directora general de Persecución del Ministerio Público se pronunció en esos términos al responder preguntas de la prensa cuando salió de la sala de audiencia en la que la jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso medidas de coerción a 23 de los primeros arrestados por su vinculación a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
Reynoso resaltó la gravedad de los delitos investigados en el caso en el que el Ministerio Público acreditó “pruebas más que suficientes” a los tribunales y demostró los riesgos procesales que obligan a la imposición de prisión contra los involucrados en la poderosa organización criminal, la cual definió como una de las más grandes en la región.
“Como había dicho, esta gestión que encabeza Miriam Germán Brito, la señora procuradora general de la República, en este proceso hemos aplicado precisamente sus criterios de hacer investigaciones blindadas”, resaltó.
“El crimen organizado, en este Ministerio Público, no va a tener un minuto de paz”, dijo. “Nos vamos a dedicar, siempre conforme al Estado de derecho, a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a encaminar procesos en condiciones de estar blindados”, añadió la procuradora adjunta.
Reynoso apuntó que se trata de una investigación compleja en la que los integrantes de los cuerpos de investigación del Ministerio Público invierten horas y horas, “con varios meses sin dormir”. “Es un proceso muy complejo”, dijo, para agregar que los equipos de fiscales que le acompañan en los tribunales son solo las caras visibles, pero que “muchas personas han amanecido colaborando”.
En ese contexto, resaltó el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de su comandante, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Reynoso dijo que en el proceso de conocimiento de la medida hubo dos variaciones. En ese sentido, explicó que a seis le fue impuesto arresto domiciliario solicitados por el Ministerio Público. “A los restantes 15 se les impuso prisión preventiva, a uno le fue impuesto una garantía económica de 15 millones en efectivo y arresto domiciliario y a otro de 5 millones en efectivo, así como impedimento de salida del país para ambos”.
Detalló que la prisión preventiva deberá ser cumplida en distintos centros penitenciarios, incluyendo el de El Pinito y el de Vista al Valle. “El Ministerio Público había variado su pedimento por las informaciones que tiene en torno a la seguridad de algunos internos y por eso habíamos variado los pedimentos, a los fines de que internos de la misma estructura, que estaban amenazando a otros, no continúen en esa actividad, que el Ministerio Público tiene también en estos momentos bajo investigación”.
“La Operación Falcón sigue en proceso y no se detiene”, afirmó Reynoso, quien encabeza el equipo de investigación junto al fiscal titular de esta demarcación, Osvaldo Bonilla Hiraldo.
En el equipo de investigación y litigación participan el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como la procuradora de corte Luisa Liranzo, exfiscal de Santiago.
La jueza Borgen rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa de los imputados y acogió la solicitud de prisión preventiva por espacio de 18 meses y la declaratoria de caso complejo solicitada por el Ministerio Público.
Borgen acogió la petición que hizo el Ministerio Público durante la audiencia del pasado lunes, donde varió la petición de prisión preventiva por domiciliaria e impedimento de salida del país que había solicitado en contra de Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado y Antonio Tavares Rodríguez.
Asimismo, fue acogida la petición de variar el destino de reclusión a Víctor Elpidio Altagracia Paulino y Luis Daniel Nieves Batista, al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega; Adolfo Antonio Torres Sanabia al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, y a José Alejandro De la Cruz Morales en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por seguridad a otros internos del mismo proceso.
También fue impuesta la medida privativa de libertad a María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), y a Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano).
Igualmente a Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco.
Las imputadas cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
En el caso de Juan Bautista Carpio Reynoso, le fue impuesto arresto domiciliario con vigilancia y una garantía económica de RD$15 millones en efectivo. Igualmente a Raúl Antonio Castro Mota le fue impuesta una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones con el apoyo de la DNCD y los demás organismos de seguridad del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Por su vinculación al caso también le fueron impuestos, la pasada semana, 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres a los hermanos Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many). También, cumple prisión domiciliaria Enerio Rafael Sandoval Valdez.
