Por: Osvaldo Santana
.- Todavía quedan zonas por explorar en las reconditeces de las líneas directrices que pautaron la política nacional frente a Haití en medio de su caótica situación en tiempos modernos. No se puede asegurar con toda certeza que hubo una sobreactuación, pero el desempeño podría sugerirlo. Tanto así, que el presidente Luis Abinader decidió suspender su viaje a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se celebró desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre en Reino Unido por “el acentuado deterioro de la gobernabilidad en Haití”.
Afortunadamente, un aletazo de Estados Unidos que combina con la política exterior de la administración Biden obligó a cambiar el rumbo del despliegue nacional, que pocos entendían.
La contundente declaración, el 9 de noviembre, del subsecretario de Estado para la Lucha Contra el Narcotráfico, Todd D. Robinson, durante un acto en la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, para donar 60 vehículos y equipos para la policía haitiana, fue clave para empezar a decantar el accionar del Estado dominicano.
“La comunidad internacional no irá al rescate de Haití… Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas; va a ser la Policía haitiana, quienes van a ser responsables de la seguridad en el país”, afirmación muy clara de Robinson al otro lado de la frontera. El mensaje llegó clarito.
Aunque reconoció que Haití constituye una prioridad, es manifiesto que con su declaración honró un principio de las Naciones Unidas que los latinoamericanos han enarbolado durante años, la No intervención. Pese a ello, todavía al otro día, el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana Alfredo Pacheco pedía al gobierno norteamericano “la intervención urgente en Haití”, porque la situación podría provocar también inestabilidad en el lado dominicano.
El grito dominicano seguía vivo, pese al trato que los miembros de la 51 Asamblea de la OEA, que sesionó de manera virtual desde Guatemala, dieron a Haití. Centraron la atención en Nicaragua y Venezuela, y sólo a petición del canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, se aceptó incluir el tema haitiano, con el obvio apoyo del canciller dominicano Roberto Álvarez. Costa Rica, junto con Panamá y República Dominicana forman la llamada Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática. Ese trío planteó a la comunidad internacional ejecutar acciones “urgentes” para desarmar y pacificar a Haití, sin que tal iniciativa tuviera eco. Es comprensible que las autoridades dominicanas se preocupen por la latente amenaza de una “migración masiva” hacia el lado Este, pero pese al “deterioro”, los hechos objetivos no indicaban que el país estuviese expuesto a tal eventualidad. Pero hubo una movilización extraordinaria de efectivos militares hacia la frontera. Más allá del papel disuasivo, no parecía claro que fuese necesario. Quizás tenía más sentido impulsar cualquier acción para mantener vivo el mercado binacional en los diferentes mercados. El intercambio comercial con Haití tiene un peso muy significativo en la economía nativa, más de US$800 millones al año.
Apoyo interno
Mientras tanto, el gobierno se ganaba el aval de las fuerzas políticas, a las que convocó al Palacio Nacional ante la “delicada situación haitiana”. Presurosos, los opositores brindaron respaldo absoluto a la política del presidente Abinader. Solo el PLD mantuvo una cautelosa concurrencia, para luego declarar que no veía razones para adherirse al discurso oficial.
El gobierno también logró sumarse grupos conservadores o “nacionalistas” que con el ambiente exacerbado acudieron al Palacio Nacional a solidarizarse con el discurso oficial. Crispación y miedo en el interior del país, porque ante la respuesta a la crisis haitiana podría percibirse que la República se exponía a una migración masiva. E incluso, una “invasión”.
De pronto, los principales temas nacionales pasaron a un segundo plano, y todo giraba en torno a Haití, que en su caos impuesto por el desgobierno y las bandas está paralizado, hasta inicio de la semana iniciada el 15 de este mes de noviembre.
¿Qué hacer ahora?
Después de la contundente declaración de EE. UU., el gobierno nacional se está recogiendo. No hay otra alternativa. Ahora tendrá que centrarse en sus prioridades, que incluyen cuidar la frontera; mejorar los controles ya perforados por la migración habitual hacia los polos urbanos dominicanos.
Además, repatriar ilegales y admitir que la economía dominicana demanda una cuota importante de trabajadores haitianos en la construcción y en la agricultura, aunque en la práctica ya están en todas partes, incluso, los servicios. Y profundizar la comunicación de quienes ejercen autoridad en Haití, desdeñando las minucias.
Recoger el discurso dialogante en torno a los grandes temas nacionales también pudiera ayudar la gobernanza. El Consejo Económico y Social (CES) tiene tremenda tarea inclusos estimulada por el propio presidente Abinader.
¿Y Haití?
Está claro. Ya lo dijo claramente EE. UU., los haitianos tienen que resolver sus asuntos. Nunca las intervenciones de las potencias han servido para empujar a Haití por la senda del progreso y la prosperidad. Las de EEUU en el 1915 y en 2004 bajo el manto de la ONU lo único que hicieron fue agravar los problemas. Ahora, la administración Biden ha señalado la ruta: Los haitianos, con la colaboración de los organismos internacionales, son los llamados a encontrar el camino propio.
Se supone que los dominicanos ya lo habían entendido, desde 1916, y si había alguna duda, desde la intervención de 1965…































