Distrito Nacional, RD.- El caso derivado de la operación Anti-Pulpo está blindado, afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, al asegurar que no afectan el proceso las solicitudes de la defensa del imputado Juan Alexis Medina Sánchez para que se realicen contraperitajes a informaciones obtenidas por el Ministerio Público.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa hizo la afirmación al ser entrevistado por periodistas de la fuente judicial luego del conocimiento de petición de resoluciones de la defensa del imputado por parte del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Camacho explicó que el tribunal acogió una de las peticiones exclusivamente para analizar lo referente a la auditoría de la Cámara de Cuentas.
“Con relación al otro peritaje que solicitó la defensa, fue rechazado por el tribunal; fue rechazado porque pretendían ellos hacer referencia a una cuestión sobre la que no existía un peritaje, por ende, no procedía el establecimiento de un contraperitaje”, precisó.
Destacó que “en ningún modo estas cuestiones afectan al Ministerio Público, puesto que lo referente a la entrega de información, por ejemplo, fue a instituciones que no tienen que ver con el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público ha estado todo el tiempo entregando todas las informaciones”.
Al mismo tiempo, destacó que el Ministerio Público tiene un proceso blindado, capaz de resistir cualquiera de las cuestiones que ha planteado la defensa.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías son imputadas en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
Además de Medina Sánchez, el caso se sigue contra los coimputados Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Bernabé Méndez Pineda y de José Dolores Santana Carmona. Todos cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En el caso también está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
En la audiencia donde se conocieron este viernes las peticiones de la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez el Ministerio Público también estuvo representado por la coordinadora de Litigación de la Pepca, procuradora de corte Mirna Ortiz, y Yoneivy González.
Al principio de este mes el tribunal aplazó para el próximo 16 de mayo la audiencia preliminar del caso.
