Distrito Nacional, RD.- El senador perremeísta Iván Silva Fernández, renunció a participar como miembro de la Comisión Bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso de bienes ilícitos.
En la carta remitida al presidente del Senado, Eduardo Estrella, vía Pedro Catrain, quien preside la referida comisión, el legislador entiende que el proyecto «lejos de ser una reivindicación republicana, corre el enorme riesgo con pocos remedios, de ser una frustración jurídica, democrática y atenta contra la convivencia».
«Queremos precisar algunas de las causas éticas y políticas que obligan nuestra renuncia, pues existen omisiones las cuales vendrían a impulsar las realidades jurídicas estructurales y nefastas, que han hecho inefectivas la prevención y la represión contra la legitimación de capitales provenientes de delitos, por la cual este proyecto, a nuestro humilde entender, debería estar desvinculado del Derecho Penal Civil, Administrativo, Tributario y de cualquier otro derecho», señaló.
A continuación, documento íntegro
Ing. Eduardo Estrella
Presidente del Senado de la República
Su despacho. –
Vía: Pedro Catrain
Presidente de la Comisión Bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos
Asunto: Renuncia a la Comisión
Honorables senadores:
Ruego eximirme de la responsabilidad senatorial de participar como miembro de la comisión de extinción de dominio, en virtud de las recomendaciones recibidas, después de leer el análisis encargado por nosotros, para llegar a esta lamentable decisión, agradecemos la confianza y deferencia que, para con nosotros ha tenido el presidente del Senado, al designarnos en esta prestigiosa comisión, pero también damos las gracias a los colegas por su buen trato y cordialidad que me tributaran en la misma. Sin embargo, pesan mucho mis responsabilidades políticas, sociales, democráticas, éticas y profesionales al momento de esta indeseada noticia. Pues ellas me impiden trabajar en un proyecto de ley que, lejos de ser una reivindicación republicana, corre el enorme riesgo con pocos remedios, de ser una frustración jurídica, democrática y atenta contra la convivencia.
Queremos precisar algunas de las causas éticas y políticas que obligan nuestra renuncia, pues existen omisiones las cuales vendrían a impulsar las realidades jurídicas estructurales y nefastas, que han hecho inefectivas la prevención y la represión contra la legitimación de capitales provenientes de delitos, por la cual este proyecto, a nuestro humilde entender, debería estar desvinculado del Derecho Penal Civil, Administrativo, Tributario y de cualquier otro derecho.
Evitaríamos, de esta forma, las estafas procesales que llevaron a la quiebra fraudulenta de tres bancos, donde en uno de los casos, una Sala Penal, anuló el juicio, puso en libertad a los acusados y ordenó la apertura de otro juicio, en julio del 2012, pero aun esperamos la apertura. Sufrimos la misma estafa procesal con el caso de narcotráfico del ciudadano español Arturo del Tiempo Marqués, condenado en su país, a quien el Banco de Reservas le concedió, de manera privilegiada, un préstamo por US$18,000,000 de dólares, con un poder de la Presidencia de la República, y la única garantía en la construcción de la Torre Atiemar, un caso que ha escandalizado el proceder de jueces y fiscales de nuestro sistema penal, dado que, en el país, ni siquiera se abrieron diligencias para castigar a sus cómplices nacionales.
Atentamente,
Dr. Iván Silva Fernández
Senador por la provincia de La Romana
