Distrito Nacional, RD.- El Ministerio Público destacó que el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio no ha podido demostrar en el juicio que se sigue en su contra cómo adquirió un apartamento de 495 mil dólares justo en el momento en que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) distribuyó los sobornos para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El exministro de defensa es enjuiciado por su vinculación a los sobornos junto al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las firmas 4D Business Group y Magycor.
La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, destacó el avance del proceso.
“En el día de hoy, la defensa de Peña Antonio realizó su discurso de clausura sin hacer referencia a los temas nodales que el Ministerio Público había presentado en las conclusiones anteriores”, detalló a miembros de la prensa a la salida de la sala donde el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce el caso.
Manifestó “el Ministerio Público continúa firme en su solicitud al tribunal de que estos imputados sean condenados a una pena de 10 años y al pago de multas”.
Al ser cuestionada sobre si la empresa colabora con el proceso, la representante del Ministerio Público expresó: “La empresa Embraer se declaró culpable, pagó la multa que le fue establecida por el tribunal y en su momento entregó todos los elementos de pruebas pertinentes a este caso”.
En torno a que si existen elementos probatorios para condenar a los imputados, dijo que “el Ministerio Público aportó todas las pruebas, presentó todos los testigos y la batería de documentos que acreditan la acusación y que conducirán a una condena contra todos los imputados”.
Al presentar sus conclusiones formales, el Ministerio Público pidió el pasado martes al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, ha solicitado el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
Por este caso de corrupción administrativa, la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
