Distrito Nacional, RD.- El responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, adelantó que, como en otros casos, en el entramado de corrupción desmantelado con la operación Medusa, habrá nuevos implicados.
“La realidad es que el Ministerio Público va a aprovechar cada segundo disponible para procesar a cada persona involucrada en este inmenso entramado de corrupción y va a aprovechar cada segundo para recuperar cada bien que ha sido adquirido por miembros de este entramado, como consecuencia de la sustracción de recursos públicos; en eso está el Ministerio Público”, dijo.
El procurador adjunto respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de declarar inadmisible, por extemporánea, una solicitud con la que los abogados de los arrestados en la Operación Medusa pretendían la extinción del proceso que se les sigue por corrupción administrativa.
“Eso es una muestra de desconocimiento”, indicó respecto a los planteamientos de la defensa técnica del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal implicado en el caso, con respecto a la decisión que tomó la jueza Altagracia Ramírez, de otorgar un plazo de 15 días, siguiendo lo establecido en el Artículo 151 del Código Procesal Penal, al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, para que proceda con el depósito del acto conclusivo de la acusación.
La jueza Ramírez fijó como límite una audiencia que se celebraría a las 2:00 de la tarde del próximo 7 de julio.
“Lo que estamos planteando ahora va a ser fácil de verificar. Eso estará en la acusación y se podrá ver, como ha sucedido en otros casos, que en este también vendrán más acusados y una enorme cantidad de bienes que el Ministerio Público ha identificado y ha incautado y que estarán presentes en la acusación”, dijo Camacho.
“Incluso en estos momentos, parte del equipo sigue haciendo diligencias de incautación de bienes. Ha sido enorme la cantidad de bienes que hemos podido incautar y la cantidad de operaciones de lavado de activos que se han realizado a través de esta red”, sostuvo.
“Cada uno de esos elementos ha sido descubierto, que es a lo que le teme la defensa, y serán presentados en la acusación”, añadió.
“Esto es sencillo, que esperen la acusación”, concluyó, antes de reafirmar que “habrá nuevos implicados”.
La intimación al Ministerio Público contempla, además de los 10 días establecidos por el citado Artículo 151, otros cinco días para el proceso de notificación de la decisión de la jueza a Espiñeira Ceballos, superior jerárquico de los órganos del Ministerio Público que llevan el proceso en el que la procuradora general, Miriam Germán Brito, se encuentra inhibida desde el desarrollo de la Operación Medusa.
En abril pasado, la jueza aprobó a la Pepca una prórroga para presentar la acusación contra el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás arrestados por corrupción en la Operación Medusa.
El imputado enfrenta cargos criminales por encabezar una red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, guardan prisión preventiva el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
En el Caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El Ministerio Público acredita que los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
