Por: Osvaldo Santana
.- Tres días después de que saltara a la opinión pública la denuncia de El Informe con Alicia Ortega de que cerca del 35% de las pinturas destinadas para las viviendas del programa “Pinta tu Barrio en Navidad”, no llegaron a los beneficiarios, y por otro lado, las mismas no cumplían con las especificaciones contratadas, el presidente Luis Abinader acompañaba al ministro de Turismo, David Collado, en el lanzamiento del Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur).
Fue una coincidencia poco feliz, pues justamente el proyecto “Pinta tu Barrio en Navidad”, está a cargo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), lo que constituye un golpe duro a uno de los ejes de la Administración: la lucha contra la corrupción y el predominio de la ética y las buenas prácticas administrativas, en un caso que involucra a un funcionario y un programa bajo la sombrilla de la Presidencia.
Se sumaba a la lista de más de una docena de casos o escándalos que desmeritan la política de transparencia gubernamental sostenida por el propio presidente y apuntalada por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, regenteada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, su acompañante principal en la campaña por un gobierno ético.
“Pinta tu barrio en Navidad” implicó un gasto de RD$155 millones, a finales del año pasado, y ahora el caso aparentemente está en fase de investigación por la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones.
La pregunta inevitable es si el discurso de Abinader el martes 14 de junio, en el acto de Turismo, está asociado con la denuncia de El Informe de Alicia Ortega, que involucra al director de Propeep, Neney Cabrera, quien además fue acusado de estafa para la misma fecha, supuestamente por la repartición de una herencia, caso que estaría siendo procesado en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
“Estamos en una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas, pero no todos vamos a la misma velocidad y tenemos que ponerlos a todos a la misma velocidad, que no sea una carrera donde uno vaya detrás del otro, si no donde todos caminemos al mismo tiempo”, dijo Abinader durante la inauguración del Observatorio de Turismo.
Y agregó: “Las inversiones no van a venir a un país corrupto, las inversiones no van a venir a un país donde no se respeten las instituciones. Las inversiones van a venir a donde realmente se respete, se cuide y haya justicia y donde cada centavo sea invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera organizada”, dijo Abinader al felicitar al ministro Collado por la creación del organismo de fiscalización con la ayuda de entes de la sociedad civil y las universidades.
Es una realidad, que la apuesta del equipo de gobierno por la transparencia y contra la corrupción, ha sido el factor que ha concitado más apoyo en la población. Sin embargo, en el transcurso de toda la gestión ha sido zarandeado por escándalos y casos que envuelven a funcionarios públicos, algunos ya destituidos y hasta procesados judicialmente.
El presidente Abinader ha sido el abanderado principal de la lucha y una y otra vez ha reiterado su compromiso: “Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad, le prometí a este país que iba a haber un Ministerio Público que iba a actuar caiga quien caiga y eso es lo que se está ejerciendo”, fueron sus palabras de septiembre pasado, a propósito de la Operación Falcón contra el narcotráfico y el lavado de activos. Y ha sido una constante a lo largo de su gestión.
Pero la política anticorrupción de Abinader puede perder vigor en tanto su prédica sea negada por sus colaboradores medios y hasta el más alto nivel. Otras situaciones non sanctas también podrían dañar ese que ha sido su mejor caballo de combate a sus adversarios de las administraciones pasadas.
Por delante, el gobierno tiene los retos de garantizar la buena gobernanza, como encarar los grandes problemas nacionales, como la pandemia del covid-19, que sigue en pie, la normalización de la vida económica y social, los servicios de salud y educación, la creación de empleos, la garantía de la suficiencia alimentaria y la creciente inflación, y algo esencial para todos como la seguridad ciudadana.
Todos estos asuntos son de difícil solución e impactan a los ciudadanos simples, el clima de los negocios y la inversión.
Recientemente, el gobierno envió a los militares a las calles para tratar de atenuar la criminalidad, atracos y muertes, que han sido una constante casi desde el inicio de su gestión, incluso con la participación de agentes de la Policía como agentes multiplicadores de la violencia.
La violencia hizo pico en marzo de 2021 con el asesinato brutal de los jóvenes esposos en Villa Altagracia y después el de la joven madre, arquitecta y emprendedora Leslie Rosado en Boca Chica. En las últimas semanas de 2022 la violencia volvió por sus fueros con asaltos y crímenes que alarmaron a todos, especialmente en el Gran Santo Domingo y Santiago.
Todos estos problemas plantean retos que ya no se pueden acallar con la simple bandera de la transparencia y la anticorrupción amenazada por el comportamiento cuestionado de algunos de sus propios funcionarios.
2021 terminó por lo alto
En documento divulgado en Berlín, Alemania, Transparencia Internacional estableció que “República Dominicana con 30 puntos este año, deja atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020. Actualmente ocupa la posición 128 de 180 países”. Su mejoría en el ranking internacional se debió al fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas y al procesamiento de figuras políticas importantes, lo que contribuyó “a mejorar la percepción de la corrupción.
El gobierno empezó el 2022 con el viento a favor en su lucha contra la corrupción. El 25 de enero el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021.
2021 significó un avance para la lucha del gobierno por la transparencia, pero en paralelo ha venido lastrado por los escándalos denunciados. Enfrenta el riesgo de que, al pasar balance, cuando haya avanzado la gestión, habría que preguntar qué tan redituable haya sido el esfuerzo del presidente Abinader en esa dirección.
Por delante persisten los grandes temas esenciales para la mejoría de las condiciones de la gente y la convivencia social.
La lista negra
Diferentes medios de comunicación han enlistado los más graves casos de corrupción en la actual Administración:
-El 18 de junio se supo que Waldin Castaño, un dirigente del PRM de Santo Domingo Oeste, fue apresado en el municipio de Yásica, provincia Puerto Plata, durante un atraco, en el cual habría utilizado una camioneta rotulada de la junta distrital de Santiago Oeste. Ocupaba la dirección del departamento de Limpieza de manera interina.
-Este mismo mes, el director provincial de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez, Carlos Juan Rodríguez, mató a tiros a Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y a su pareja, Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27 años. También hirió varias personas.
-Tres meses después de su nombramiento fue destituido Víctor Miguel Polanco Severino de su puesto de viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, tras detectarse irregularidades en la emisión de permisos para porte y tenencia de armas. Otros 52 empleados también fueron desvinculados de la Dirección de Armas.
-En Salud Pública fue denunciada “venta de nombramientos”, lo que provocó la cancelación de su director de Recursos Humanos un mes después de asumir su función.
-A cuatro meses de su gestión, Kinsberly Taveras debió dejar el Ministerio de la Juventud después de una polémica sobre su patrimonio por RD$106 millones con 33 años de edad y los contratos públicos que había conseguido para recoger la basura en varias demarcaciones. La sustituta Luz del Alba Jiménez luego fue señalada por el consultor jurídico de ese ministerio.
-El escándalo desatado por Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, al disponer de aproximadamente RD$100 millones para 67 artistas como apoyo económico del Gobierno en medio de la pandemia, a cambio de conciertos futuristas.
-La contratación del logo Marca País en 2020 también levantó polvos, tras su presentación al más alto nivel, con una inversión cuestionada de RD$32.9 millones. Fue cuestionado como plagio de otro logotipo diseñado por el creador ruso Ivan Bobrov. Fue necesario convocar otro concurso.
-En octubre de 2020, en el Ministerio de Educación fue licitada la compra de arreglos de orquídeas naturales por RD$692,828 para ambientar sus oficinas. Furcal canceló el proceso y responsabilizó a la administración pasada, pese a que los trámites fueron firmados y autorizados en su gestión.
-Leonardo Faña suspendido como director del IAD tras ser sometido a la justicia por una acusación de agresión sexual a una subalterna.
-También el entonces director regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, fue acusado de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada.
-Diez personas procesadas por supuestamente organizar y ejecutar en mayo del año pasado un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, con el que le habrían llevado más de RD$500 millones a bancas. Entre los procesados está el propio administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.
-En diciembre pasado, el diputado perremeísta Sadoky Duarte fue señalado por agresión contra una mujer policía.
-En noviembre de 2021, el director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, fue citado y finalmente cancelado por denuncias de irregularidades en la firma de un contrato.
-El diputado perremeísta Miguel Gutiérrez está detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, desde el año pasado. Otros dos diputados fueron investigados por lavado de activos asociados a la Operación Falcón.
-Otra diputada investigada es la diputada de La Vega Rosa Amalia Pilarte, también perremeísta, acusada de constituir una red de lavado de activos junto a su esposo Miky López. Su hijo, regidor de La Vega, igual fue vinculado a la red.
-Robinson Díaz, ex viceministro de Salud, renunció de su puesto en 2021 por “asuntos personales”. Sobre su salida surgieron cuestionamientos.
-La destitución del ministro de Salud Plutarco Díaz no tuvo exenta de especulaciones sobre una supuesta compra de jeringuillas para la campaña de vacunación contra la covid-19.
-En la Autoridad Portuaria dependencia de Puerto Plata fue denunciado un fraude no verificado. Posteriormente, la dirigente local del PRM Rodríguez Pavón renunció a la gerencia de esa oficina.
