Por: Carmen Imbrert Brugal
.- La sinceridad es ajena al quehacer político. Por eso existen los velos para encubrir la verdad. El discurso oficial divulga lo conveniente, el dictado de los estrategas. La tarea del colectivo es detectar, separar la paja del trigo. Esa labor compromete y el compromiso escasea o se cotiza caro. Cuando se descubren las engañifas viene el desafío y ante la evidencia, la mayoría sucumbe, acepta. Es más conveniente, porque saber obliga.
Las cosas que se ven y las que no se ven, quedan para la historia o para seguir repitiendo con éxito las falacias fundacionales de este tiempo.
Y de nuevo asoma la creencia en la separación de poderes y en la majestad del primero. Los fuegos de artificios conducen los sentimientos para mantener la ilusión de una institucionalidad cada vez más agredida y frágil.
Es tema para diletantes la exaltación de la división tripartita como pilar del Estado social y democrático de derecho. Igual que repetir que la gobernanza es vigilada por los poderes diferentes al ejecutivo. Negar la fortaleza del presidencialismo más que ceguera es desconocimiento de la realidad.
Quizás algún día alguien revele los detalles del origen y propósito de la “Ley que regula el ejercicio del Derecho a la Intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen”.
Fue sorpresa la presentación del proyecto por la senadora Melania Salvador Jiménez. Laboriosa, apreciada en su región, veterana en las lides legislativas, su interés siempre estuvo centrado en el bienestar de Bahoruco y en los problemas relacionados con su especialidad en desarrollo agrícola.
Defendió su proyecto, convencida de que “la pieza, no busca crear mordazas ni prohibiciones”. Consiguió respaldo de sus pares en dos sesiones consecutivas, aunque en la segunda ocasión no pudo estar presente y hubo extrañas deserciones. Falta saber si el partido de Gobierno conminó a sus senadores a votar y luego percibió el equívoco.
Mientras esto sucedía, con y sin análisis del texto, la repulsa al proyecto de ley fue contundente. Creció tanto, que provocó la reacción del Poder Ejecutivo, como si la iniciativa le perteneciera. Y entonces ocurrió otro de los escapes salvíficos del Presidente, mediante decreto creó una comisión. No esperó la ley para observarla.
Es una variante del desvío al CES del Contrato de Fideicomiso Público Termoeléctrica Punta Catalina, después de la aprobación sin lectura en la Cámara de Diputados y de la inconformidad en la calle. Modalidad menos agresiva que la orden, desde Palacio, del “sí o sí” para la ley de Extinción de Dominio.
La Comisión, aquieta y vuelve a colocar en su lugar de intrascendencia las decisiones del Poder Legislativo. Su misión es actualizar la legislación sobre libertad de expresión.
La ley depende ahora del trabajo de una comisión. Del Congreso a un cónclave, como si no existieran las vistas públicas y la observación.
Con transparencia para incautos y la obsecuencia de los poderes fácticos, todo es posible. Ya nadie cita aquello de la Constitución y el pedazo de papel. Cuidar las formas es importante, sirve para mantener la ficción de independencia.
