Por: Guido Gómez Mazara
.- El espíritu de libertad y apertura democrática que caracteriza los últimos cuarenta años de vida institucional concentró una gran parte del reclamo ciudadano alrededor de aspiraciones que se correspondían con el retardo de una sociedad atrapada en el marco de la cultura autoritaria.
Para muchos, la noción de justicia se circunscribía al cese de la persecución, exilio y no represión. Es decir, aspiraciones en el orden de las libertades civiles.
Cuando el ritmo y participación electoral generó diputados, alcaldes, regidores y presidentes, de legitimidad formal, la gente consideró que el pliego de sus aspiraciones fueron burladas por prácticas corruptas impensables y/o exclusivamente atribuidas al tirano de turno.
De ahí, una ira que se trasladó a una jurisdicción donde el factor ético se constituyó en centro del debate y parte esencial de las aspiraciones ciudadanas.
Aunque exponentes tradicionales de la fauna política no sintieron el disgusto acumulado, la observación ciudadana ejercía una especie de sanción social no siempre refrendada por una Justicia atada y mediada por la partidocracia.
En cada manifestación de procesos que condenan los actos de corrupción existe una historia que, sin presumir conexión directa, reivindica años de retardo y sentimientos de desolación de los que siempre reciben derrotas de un sistema estructurado para burlarlos.
Y los dominicanos no estamos ajenos a un ideal justiciero que, por largas jornadas de retardo, traduce en un acto revolucionario y auténticamente transformador, la aplicación de la ley a los que nunca han sido alcanzados porque su estatus económico y dimensión política los coloca en una zona de confort.
Los magistrados Miriam Germán Brito, Yenny Berenice, Wilson Camacho y el equipo que les acompaña tienen una gran responsabilidad.
De paso, reducir su trabajo a lo estrictamente procesal resulta jurídicamente lógico, pero la dimensión histórica de sus actuaciones devuelve a la ciudadanía la sed de justicia enormemente deseada.
Acompañar sus esfuerzos, sin privilegiar a sectores tradicionalmente inalcanzables es una tarea digna y decorosa. Ahí si los ciudadanos perciben el cambio. ¡Era justo!
