Por: Carmen Imbert Brugal
.- Tanques, drones, cámaras, radares, unidades motorizadas, helicópteros, uso de “alta tecnología” para comunicación constante con el Centro de Comando Control, Comunicaciones -C5i– y con el C4. Inspectores, coroneles, sargentos, capitanes, atalayas rameadas entre guasábaras y palos escondidos de guaconejo.
Vigilancia permanente a cargo de los integrantes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre-CESFRONT-. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, todos comprometidos con la seguridad del territorio. El presidente erigido Centinela de la Frontera y las arengas patrias por doquier.
Los altos mandos repiten de tiempo en tiempo aquello de la frontera blindada, protegida, como el camino malo cerrado, ¡cerrado!
Las autoridades y habitantes de las provincias fronterizas tienen otra opinión, quizás hija de la percepción. El cruce de haitianos es incontrolable en esos parajes. Desde Pedernales hasta Montecristi los municipios tienen asentamientos descontrolados de extranjeros, el entra y sale es habitual.
El discurso oficial es tranquilizador, sucumbe, no obstante, cuando miramos las calles, los parques, tiendas, escuelas y comprobamos el etcétera inevitable de la convivencia.
Lejos del maltrato y el prejuicio, la panorámica urbana incluye los automóviles con placa de circulación haitiana, aparcados enfrente de restaurantes, supermercados, laboratorios, peluquerías, teatro.
En la agenda oficial el tema desaparece y aparece cuando conviene, gracias al “asigún” del poder y al temor a las represalias internacionales y a los boches aviesos del malinchismo criollo, sin reparar en las bandas criminales, en el estado inexistente, en promesas incumplidas. Adecuado el tema, además, para unir y ganar simpatía.
Difícil empero entender el libre tráfico de mujeres embarazadas por la frontera. Ningún funcionario explica, ni hay intento para controlar el hecho. Es la historia perenne de la impunidad consentida, la confusión entre derechos y temor.
Una cosa es la asistencia médica, la innegable obligación de atender a las parturientas, el recato al momento de la denuncia y otra más delicada y peligrosa es encarar la libertad de los traficantes.
¿Cómo pueden escapar de la espectacular vigilancia los vehículos cargados de parturientas? ¿Cómo llega el tour a las puertas de los hospitales? ¿Cómo se ha convertido en costumbre el regateo de camas y lugar en salas de partos debido al desborde de migrantes? Las mujeres ¿se quedan o regresan a su país con la criatura?
El doctor Ortiz García, médico que preside la Dirección Materno Infantil del Servicio Nacional de Salud, ratificó el pasado día 18 la obligación de atender a cualquier persona que llegue a los servicios de emergencias de los hospitales sin importar raza o estatus migratorio. Fuera de discusión la aseveración. El crimen que acompaña el tráfico de personas desde la frontera hasta las emergencias y el costo para el sistema nacional de salud sí debería preocupar al gobierno.
Los hospitales de la red pública registraron 32,000 partos de traficadas en 9 meses -sept 2021 a junio 2022-. Los porcentajes varían cuando se examinan los archivos de los hospitales ubicados en la frontera.
En esos centros, los partos de haitianas superan los alumbramientos de dominicanas. Quizás los drones están apagados y los guardianes dormidos cuando ocurre la travesía.
