Por: Juan Carlos Espinal
.- La irrenunciabilidad del Estado de Derecho en materia de derechos humanos, a la inviolabilidad de la vida, el respeto a las garantias constitucionales de las minorías, el derecho a elegir y ser elegido debe constituir un fin fundamental de las mayorías y de el mismo.
Los derechos humanos significan un impulso racional y programado para el incremento cualitativo de las aptitudes y capacidades de la población y su adaptación al ritmo del cambio social.
En el tema, tengamos siempre presente la idea de Bosch, quien sostenía que la Constitución es un medio para que la sociedad en su conjunto realice su proyecto, su destino.
De esta manera, el país debe ser visto como una gran democracia social y todas las políticas públicas deberían vehicularse por lo constitucional.
Por otra parte, la aceleración del proceso de cambio sociopolítico requiere que la sociedad dote a sus componentes de los elementos institucionales necesarios para absorver adecuadamente ese proceso de transformación constante.
Este hecho de carácter histórico no necesita comprobación para sostener que la inversión en la educación resulta la más distributiva que pueda efectuarse.
Las orientaciones básicas en materia constitucional deben ser definidas por el Estado y la sociedad a través de un proceso participativo y democratico, aunque esa determinación solo será válida y eficiente en la medida en que sea el resultado de una toma de conciencia social y política generalizada acerca de la importancia y urgencia de la cuestión, y de un debate en el que tomen parte todos los sectores sociales.
Es falta de sentido común, por anacrónico, hablar de exclusivismos clasistas en materia de derechos humanos, derechos sociales, políticos, económicos o electorales, por ejemplo.
Por cierto, que la educación estatal debería girar sobre la base de los principios de la formación laica, la gratuidad y obligatoriedad constitucional.
A ello deben agregarse los intereses de la educación pública e intereses privados, pero ambas deben servir a un programa de desarrollo de formación común, que será el resultado del análisis conjunto que concretará la política nacional de Educación.
De allí que todas las energías posibles deben ser utilizadas para esta fundamental prioridad pues la educación pública en materia constitucional constituye un problema nacional que definirá históricamente el carácter de la democracia del futuro, pues sin una adecuada evolución cultural nos instalaremos definitivamente en la postergación.
Desde luego que toda política educacional de masas debe partir de una concepcion ética.
El desarrollo tecnológico y científico y su aprovechamiento deben tener límites precisos, basados en una concepción respetuosa de la participación de los derechos humanos.
Constituye un error analizar la política nacional desde un ámbito exclusivamente economicista o jerárquico y es aquí donde la participación cívica es fundamental como garantía de derechos frente a esas tendencias elitistas, reaccionarias y descarnadamente utilitarias.
La democracia participativa desde esta concepción debe tener dos prioridades importantes :
La primera, que no debe concebirse como una etapa temporal de la historia contemporánea limitada a la cosmovisión de las élites, los grupos económicos o de la vida.
Por el contrario, cada uno de nosotros debe aprender de manera constante sobre la participación pues los cambios socio culturales van muy rápido y se producen continuamente.
En segundo lugar, todos los elementos que la sociedad utilice para la transformación socio cultural de los partidos políticos y la de sus integrantes debe colocar en un plano superior de cualquier otro aspecto la dignidad e integridad del hombre y la defensa de su autonomía de decisión como los objetivos más trascendentes.
En una palabra, siempre debe educarse para la libertad.
Realizada esta introducción general vemos que el desarrollo económico es injusto si no lo acompaña el progreso social.
Uno de sus aspectos esenciales es el acceso a la educación y la permanencia en ella, con igualdad de posibilidades y oportunidades para todos.
Esta es una tarea que la sociedad civil organizada y los partidos políticos no debe declinar.
Ello entraña la adopción de políticas Electorales más adecuadas que reviertan la tendencia actual del populismo mediático, se afiancen los valores de las Direcciones MEDIAS y de Base que caracterizan a nuestra democracia política y que la promoción de la participacion popular siempre se constituya en la elevación de los niveles científicos y técnicos para la mejora de vida y el desarrollo del país.
Si ello no es posible, fracasaremos como nos lo explicó la experiencia del pasado y el precio del fracaso de la participación es la oscuridad.
