Distrito Nacional, RD.- El miembro titular de la Junta Central Electoral, Rafael Armando Vallejo Santelises, afirmó que no se concibe la existencia y el funcionamiento de un sistema de democracia indirecta o representativa sin la presencia de partidos políticos, pues el desempeño de sus funciones resultan imprescindibles por aglutinar los diversos intereses sociales.
En el acto de apertura de la “Maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral”, que será impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, Vallejo pronunció la conferencia “Partidos Políticos: Amenazas a su permanencia”, en la que destacó que detalló diferentes desafíos a los que se enfrentan esas organizaciones.
“La necesidad creciente de mayores recursos económicos para gestionar la actividad política partidaria con posibilidades de éxito conduce, en ocasiones, a las dirigencias de algunos partidos políticos a incorporar prácticas ilícitas en el proceso de obtención de financiamientos de candidatos y campañas electorales”, expresó.
En la actividad que contó con la presencia del Pleno de la JCE, Vallejo explicó que consideraciones de esa naturaleza influyeron en el ánimo de los miembros del órgano comicial para proponer en el conjunto de modificaciones sometidas al Congreso Nacional, en el contexto de su atribución a la iniciativa legislativa en materia electoral, en el ámbito de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19.
En ese sentido dijo que la propuesta contempla “la reducción sensible de los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular, pero además la reducción de los tiempos en los cuales tanto los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los aspirantes, precandidatos y candidatos puedan realizar actividades propias del proselitismo a fines electorales de forma abierta o disfrazada”.
Dentro de los elementos destacados por Vallejo como amenaza a los partidos políticos mencionó las campañas falsas o sucias, definidas por el Tribunal Constitucional como “aquella que recurre a ofensas, inventa información, cae en la calumnia o se entrometen en la vida privada del candidato”.
Consideró que los partidos deben procurar rescatar la confianza que hayan podido perder ante los ciudadanos, retomando el compromiso irrenunciable de velar por el bien común.
