Por: Osvaldo Santana
.- Ningún gobierno había acaparado tanta aprobación como ocurrió con el presidente Luis Abinader durante el mes de noviembre. Logró concitar un respaldo extenso de los dominicanos en la aplicación de la política de deportaciones de ilegales haitianos, y especialmente, su actitud enérgica frente a la pretensión de entes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de estamentos de la administración Biden de Estados Unidos.
Sin embargo, ese apoyo nacional ha sido empañado por evidencias de corrupción en la persecución y captura de los ilegales y por los abusos cometidos contra ellos, según relatos y vivencias comprobadas.
Los casos denunciados sobre el comportamiento de las unidades de búsqueda y captura de ilegales de la Dirección de Migración revelan que estos suelen ser sometidos a extorsión y maltratos.
En un caso, los inspectores los detienen, y tras un proceso de negociación deciden su suerte por algunos miles de pesos, desde cinco mil, hasta 10 mil. Las víctimas pueden incluso tener el carné de registro emitido en base al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular dispuesto mediante el decreto número 327-13, y de todas formas quedan detenidos. Asimismo, algunos todavía en proceso de documentación de su estadía en base la ley 169-14, y todas formas igual son retenidos, si de por medio no rueda dinero.
Fue el caso de Auguste (nombre ficticio), quien fue detenido donde labora, una empresa gasolinera al norte de Santo Domingo. Fue capturado, y pese a toda explicación, terminó en el Vacacional de Haina, donde logró su libertad después de pagar RD$7 mil.
En otros casos, los detenidos, si pueden colectar el dinero antes de caer en el Centro Vacacional, son despachados en la misma localidad donde son capturados.
La campaña
El gobierno dominicano desató una campaña de detención y deportación masiva de ilegales haitianos después que obtuvo información de que se pretendía imponer una elevada cuota de ciudadanos haitianos en condición de refugiados en el territorio nacional, más allá de las posibilidades y de la alta población ya establecida.
El plan fue acompañado de denuncias de deportaciones masivas de haitianos, pero esas denuncias internacionales provocaron una avalancha de apoyo al gobierno nacional, lo que permitió que la administración Abinader respondiera con mayor energía a las pretensiones de agencias de la ONU, como el Comisionado de Derechos Humanos y del gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, esa postura dominicana ha sido empeñada por las denuncias sobre cobros indebidos de parte de agentes de Migración y de maltratos en el Centro Vacacional, donde además vecinos han denunciado que los haitianos son llevados por una puerta y sacados por la trasera después de pagar alguna suma de dinero.
El pasado sábado 17 de diciembre, Listín Diario denunció que “pese a que las autoridades de Migración han intensificado sus operativos contra indocumentados haitianos, por medio de redadas a través de todo el país, ciudadanos en las cercanías del Centro de Acogida Vacacional Haina aseguran que allí “están engañando” al presidente Luis Abinader”.
“…Presuntamente, responsables del Vacacional están dejando salir a indocumentados por la parte trasera del recinto.
“Algunos guardias están engañando al presidente, coordinados con los llamados buscones”, manifestó, con notable descontento Pablo de la Cruz, indicando que a muchos retenidos “los dejan libres en horario nocturno, a cambio de dinero en efectivo”.
Según testificó De la Cruz, en la parte trasera del Vacacional “hay unos matorrales por los que son lanzados los retenidos; los indocumentados luego deben atravesarlos para salir, pero sin antes pagar entre 10,000 y 20,000 pesos”.
Según Listín Diario, “los aldeanos denunciaron que detrás del Vacacional de Haina y en los alrededores hay, presuntamente, haitianos indocumentados que hacen vida de forma tranquila, y nunca son detenidos ni revisados por personal de Migración.
Las deportaciones
Las deportaciones arrecieron desde agosto, aunque en los primeros meses de ese año los reportes hablaban de cifras mínimas. Según un reporte de la Presidencia dominicana, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre 60,204 ciudadanos haitianos fueron repatriados a su país por Migración. El gobierno dijo entonces que las deportaciones se ejecutaron en cumplimiento de la ley y con respeto a los derechos de las personas.
Denuncias sobre maltratos
Pero muy temprano, en mayo pasado, surgieron unas primeras denuncias de que cientos de menores fueron expulsados de República Dominicana sin sus padres. Lo dijo la Organización de las Naciones Unidades para la Infancia (Unicef) y la recogió la cadena de televisión norteamericana CNN en español.
La información fue originada por la agencia local de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe, que afirmó haber recibido al menos 1.800 niños no acompañados entregados por las autoridades de inmigración dominicanas.
Esa versión coincide con la del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) que había denunciado 22 que al menos 1.700 migrantes haitianos, entre ellos 76 niños y una decena de mujeres embarazadas, habían sido deportados por República Dominicana.
Entonces, esa organización denunció que los haitianos están siendo objeto de una «campaña de persecución» por parte de las autoridades dominicanas, a las que acusó de cometer «numerosas violaciones de los derechos humanos».
Varios migrantes llegaron a Haití «con muestras claras de haber sufrido violencia física» y muchos de ellos relataron que fueron detenidos en sus casas o en sus trabajos, a los que los oficiales migratorios accedieron sin autorización judicial, denunció entonces ese Grupo, sin que recibiera respuesta oficial.
Ahora OBMICA
El domingo 18, el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) y el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), a propósito de conmemorarse el día del migrante advirtió sobre “el quiebre de la línea de progreso en la defensa de los derechos humanos en República Dominicana”.
Sostienen que en el país se han producido reveses en la política migratoria de la actual administración, “que se contrapone al espíritu solidario y progresista del pueblo dominicano”.
Y denunciaron “el incremento de operativos arbitrarios e incidentes migratorios en el país resultado de una política migratoria restrictiva e ineficaz, que no responde a las necesidades de la sociedad dominicana, produce pérdidas a empleadores/as e inestabilidad al aparato productivo nacional y vulnera los derechos de las personas migrantes, sus familiares y las comunidades dominicanas que las acogen”, según registra elCaribe el 19 de diciembre de 2022.
Perspectiva
Se observa que después de recabar el más amplio apoyo político y social para encarar las campañas de denuncias contra la República Dominicana, las acciones de agentes de migración y la gestión misma del plan de deportaciones ha conducido a un descrédito de la campaña.
La parte más dramática y penosa la constituye la corrupción de los agentes de Migración. No es nueva. Tampoco los abusos a que son sometidos los extranjeros ilegales.
Las secuelas generadas por las campañas masivas de deportación hacen que algunas de quienes las lleven a cabo se enriquezcan a costa de infelices indocumentados.
Esa realidad constatada irrita a vecinos y dominicanos en general, que si bien rechazan la inmigración masiva, repudian los abusos contra las personas que resultan sus propios compañeros de trabajo o vecinos con los cuales comparten miserias.
Lógicamente, tal proceder desdice de la campaña, empaña o deteriora la imagen de la administración del presidente Abinader. Por un lado, detienen a infelices haitianos, y por otro, los sueltan, quitándoles dinero. En ocasiones, también los maltratan físicamente.
ATRÁS
A todo esto, habría que añadir que la campaña de las deportaciones terminaría de todas formas en un fiasco si se cumple aquello de que por cada deportado vienen tres por la puerta de atrás, para completar el círculo vicioso por la ausencia de un sistema honesto de control fronterizo y en los puntos de chequeo hacia los grandes centros urbanos.
SOBRE IRREGULARIDADES EN EL VACACIONAL
En octubre pasado, sobre las denuncias acerca de irregularidades en el Vacacional de Haina, el director de Migración Venancio Alcántara dijo: «Hemos instruido una investigación pormenorizada sobre presuntas irregularidades en el Centro Vacacional de Haina y quiero dejar bien claro al personal que labora allí, de determinarse su implicación en estas acciones reñidas con la ley, serán drásticamente sancionados conforme lo establece la ley”. Nunca se supo si de verdad ha habido consecuencias.
