Por: Osvaldo Santana
.- 2023, definido por el común como preelectoral, sin embargo, durante el mismo se definirán el curso del proceso, y casi con certeza, los resultados electorales para 2024.
En la arena tenemos a un presidente, Luis Abinader, que corre hacia su tercer año y entra en una etapa clave. Aunque no lo ha proclamado, quiere reelegirse y trabaja con ese propósito. Su accionar así lo confirma. Como es lógico, trata de hacer un buen gobierno, pero también busca cómo agradar a los potenciales votantes. Las fiestas de fin de año fueron pródigas en expresiones populistas desde el poder, desde el gasto masivo en subsidios y regalos a grupos menos favorecidos, y de golpe, el regalo de un día más de ocio para todos. Sus posibilidades de continuar en el poder más allá de 2024 estarán muy marcadas por lo que haga, cómo lo haga o deje de hacer este año.
Su suerte estará muy signada no solo en lo que haga como como se ha señalado. También estará bajo el influjo de los procesos globales, tensiones entre las grandes potencias, ahora acentuadas entre Estados Unidos y China por Taiwán y la confrontación en Europa por la invasión rusa en Ucrania.
Todo eso tiene impacto en la economía y en la gobernanza general de los gobiernos. República Dominicana no excepción. El presidente Abinader ya ha acumulado experiencia en el manejo de crisis, desde que se instaló en el poder, en medio de la pandemia por la COVID-19, que posteriormente se complicó por la guerra y la ralentización del transporte y los suministros de insumos básicos para la alimentación y el desempeño de la economía. Las alzas de los precios del petróleo estresaron seriamente la economía, sin embargo, hay el consenso de que supo manejarse en medio de una situación tan adversa.
Si bien tuvo que enfrentar otro imponderable, la tormenta Fiona, no ha lidiado con grandes conflictos sociales o institucionales. Su gran problema, que persiste para el 2023, es la inseguridad ciudadana y el desempleo. La inflación y los riesgos que siempre conlleva el desempeño económico, estarán en asecho durante el período.
En su Partido Revolucionario Moderno (PRM) no se ve ningún elemento que pueda obstruir la proclamación de su candidatura presidencial. Tampoco “ha preparado” un sustituto. Podría decirse de otro modo, no se observa un contendiente interno con posibilidad de disputarle la nominación presidencial.
2023 marcará la tónica de su futuro. Y en cuatro meses de 2024, enero-mayo, difícilmente cambie el curso de los acontecimientos. Eso es válido para él como para sus contrarios.
Lo que es válido para el presidente, desde una posición dominante, que es el gobierno, que al mismo tiempo conlleva la obligación de atender los imponderables y dificultades, que genera oportunidades, riesgos y amenazas. Sortearlas de la mejor manera, es fundamental en ese tiempo.
Desde la perspectiva opositora
Los partidos y candidatos que competirán con Abinader tienen en 2023 un momento clave. Enfrentar el poder nunca ha sido fácil, y su accionar estará impactado por los actos de gobierno, asertivos o fallidos.
Sin embargo, tienen que valorar los 365 días que definirán su futuro en la carrera por la búsqueda del poder. Los factores de la realidad, unidos a las señaladas acciones del gobierno, igual contarán para lograr los resultados esperados en 2024. Un desempeño crítico y propositivo frente al poder jugará un papel importante en la valoración de la sociedad.
La oposición, tal y como se encuentra, tendría que resolver en este 2023 la calidad de la representación. ¿Cuál de los polos en disputa por el liderazgo será reconocido como tal por la población votante insatisfecha con quienes gobiernan la nación?
Dos fuerzas que antes formaban parte del mismo conglomerado ahora pugnan por la principalía opositora. La Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En este año deben mostrar al electorado dónde reside la mayor capacidad de aglutinamiento para la confrontación con Abinader.
En la FP existe un empeño por ampliar su matrícula y núcleos de simpatizantes. Tiene a favor la figura de Leonel Fernández, expresidente de la República, que será su candidato, que muestra más fortaleza que su agrupación, lo que sin embargo no es nuevo en la política dominicana. Generalmente, el líder de un partido es la marca fuerte, aunque el partido constituye el soporte.
En el PLD ya definieron el candidato presidencial, Abel Martínez Durán, en un proceso dirigido a movilizar esa entidad, que estuvo paralizada con la pérdida del poder en 2020, y posteriormente las persecuciones por corrupción de varios funcionarios y parientes del expresidente Danilo Medina.
La elección de Martínez le dio otro aire al PLD, pero no lo suficiente como para erigirse en el principal contendiente del PRM. Este 2023 será fundamental, no sólo en la búsqueda de nuevos adherentes, sino para proyectar la imagen del opositor principal frente de Abinader.
En pocas palabras, la oposición más importante tendrá que definir esa cuestión, o al menos, establecer algún tipo de acuerdo conveniente que no suponga una guerra destructiva de las partes, un enfoque que niegue el discurso de Temístocles Montás acerca de la necesidad de combatir a Leonel Fernández para que no destruya al PLD.
El resto de la oposición, si de verdad se califica como tal, probablemente girará en torno a estos dos polos en una competencia peligrosa que, en el 2024, si no se administra bien, allanará el camino del triunfo de Abinader.
Ahora hay simplemente que ver el desempeño del gobierno frente a los imponderables. Crisis y el impacto de la guerra. Las tendencias inflacionarias. La inseguridad y delincuencia, el desempleo, el curso de las inversiones públicas y privadas, y en general, la marcha del país. Y en su rol, el papel de las fuerzas opositoras.
En lo que no puede haber duda es que el juego se define este año. Lo demás, es administración del tiempo, desde enero de 2024 hasta el último día de la campaña.
CALDENDARIO ELECTORAL
La JCE ya anunció el calendario que regirá el proceso electoral. Comienza formalmente el 1 de octubre de 2023, con las votaciones primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El 29 de octubre deben celebrarse las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas para proclamar las candidaturas.
Las elecciones para elegir a los alcaldes, regidores y direcciones y vocalías de las juntas municipales serán el 18 de febrero de 2024. Las elecciones presidenciales y congresuales serán el 19 de mayo de 2024. Si en estas elecciones a nivel presidencial ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos emitidos, será celebrada una segunda vuelta, programada para el 30 de junio.
LOS RECURSOS SON CLAVE EN 2023
Durante la presentación del cronograma electoral, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Román Jáquez Liranzo hizo un recordatorio clave:
“Hay que hacer la salvedad de que las elecciones de 2024 se organizan y se pagan en el 2023, no en el 2024”. Fue insistente en su advertencia del riesgo para la organización de las elecciones el hecho de que el Estado piense que se pagan en el 2024.
El presupuesto debe ser ejecutado en el 2023 para que se organicen las elecciones de 2024.
De todas formas, dijo que la JCE no se detendrá en el montaje de las elecciones.
PENDIENTES:
El proceso electoral tiene pendiente, y debe ser resuelto ya, temprano en este año, la sanción en el Congreso Nacional de las leyes 15-19 (electoral) y 33-18 (de partidos políticos). La decisión del Senado el 20 diciembre, con la aprobación de le ley electoral en unos términos que obligaron a la Junta Central Electoral (JCE) a hacer reparos, igual que entidades de la sociedad civil y algunas fuerzas políticas, fue una mala señal. La JCE vio con preocupación que el Senado no decidiera la reducción de los topes de gastos de campaña y la eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías. Se desdeña la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas, la paridad de género y la eliminación de la facultad del órgano de dictar medidas cautelares. También consideró que la modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19 (artículo 27 del proyecto de ley) constituye una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la JCE, al obligarle a pronunciarse a solicitud de los partidos políticos sobre procesos que quedasen abiertos, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales, durante el año electoral. Según la JCE, la pieza legislativa dejaría direcciones fundamentales como Elecciones, Informática y el Voto Dominicano en el Exterior bajo las directrices y conducción discrecional de las organizaciones políticas, “socavando la autonomía constitucional de la JCE, razón por la cual este Pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma”.
