Distrito Nacional, RD.- La Fundación por los Derechos del Consumidor responsabilizó al gobierno de Luis Abinader del conflicto existente en el sector salud que enfrenta a médicos, clínicas privadas y a las Administradoras de Riesgos de Salud.
En nota de prensa, bajo la firma de su director de prensa, Alberto Quiñones, la entidad entiende que la Constitución pone en manos del gobierno el derecho a la salud de todos los habitantes del país, como un derecho fundamental que obliga al Estado asumir este mandato constitucional.
“El gobierno se ha lavado las manos y permitido que las ARS en su calidad de intermediarias del modelo que deberían pagar a los médicos y a las clínicas por los servicios de salud que prestan a la población, se conviertan en estafadoras del sistema de salud, en perjuicio del pueblo, ante la mirada indiferente del gobierno de Luis Abinader”, afirmó.
Añade FUNDECOM que el PRM prometió resolver el problema de la seguridad social afiliando a aquellos que aún no están enrolados en el sistema, ampliando la cobertura de salud de los que ya están y regulando los excesos de las intermediarias conocidas como ARS; sin embargo, ha ocurrido lo contrario.
Para la entidad el gobierno está del lado de las intermediarias, las apoya y al hacerlo, ha dejado al pueblo en el desamparo, sin salud y sin órgano regulador ante el cual exponer quejas cuando los consumidores de estos servicios se ven humillados por las ARS y los centros de salud.
Para FUNDECOM, organización de consumidores cuyo consejo directivo preside el abogado David La Hoz, el país está frente a un chantaje de las ARS que buscan crear una crisis dentro de una crisis para impedir la reforma a las Ley 87-01 y los controles estatales que, en tanto regulador debe realizar el Estado.
Asimismo, ve al ministro de salud, como un aliado incondicional de las ARS, funcionario que nada hace de lo que la Ley General de Salud número 42-00 y de la seguridad social, les ordenan hacer.
“Es un incumbente que actúa como empresario al servicio de las ARS y que nada hace por conseguir cobertura para todos los ciudadanos”, destaca Quiñones.
La organización de defensa del consumidor entiende que si bien es cierto que la SILSARIL puede tomar medidas desde su consejo para frenar en los abusos que cometen las ARS contra médicos, clínicas y asegurados, no menos cierto es que, de conformidad con dicha ley, es al ministro de salud a quien corresponde la parte política del asunto.
