Distrito Nacional, RD.- Leonel Fernández, pidió al presidente Luis Abinader no reintroducir al Congreso Nacional, el controvertido proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes.
El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, hizo el requerimiento ante el anuncio del gobierno de retirar la iniciativa del Senado, para tratar de consensuarla con los distintos sectores que mantienen observaciones.
«Señor Presidente, retire ese proyecto. Por favor no lo introduzca de nuevo», manifestó a través de un video de poco más de cuatro minutos que compartió en las redes sociales.
Aunque Fernandez valoró la decisión, sostuvo que el gobierno «no debió, en ningún momento, someter una pieza legislativa de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefesio jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional».
«La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba enviando al órgano legislativo nacional, o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional», señaló.
A continuación discurso íntegro de Leonel Fernández.
.- A los pocos minutos de haberle solicitado en forma pública al presidente Luis Abinader retirar el infausto proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes, que había remitido al Congreso Nacional, y que con anterioridad lo habían reclamado, en forma airada, distintos sectores de la vida nacional, el gobierno ha respondido en forma positiva, indicando que así lo hará.
Nos parece sensato que haya podido reaccionar de esa manera, ante la cólera popular, pero no por eso merece reconocimiento o elogio alguno.
El gobierno no debió, en ningún momento, someter una pieza legislativa de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefesio jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional.
La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba enviando al órgano legislativo nacional, o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional.
Lo que hay que comprender es que desde hace algún tiempo la República Dominicana ha estado siendo objeto de intensas presiones internacionales para que conceda la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en nuestro territorio, aun de padres en condiciones migratorias irregulares; y en caso de no obtemperar, acusarnos de apatridia.
Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetran nuestro territorio; y más recientemente se nos reclama aceptar en calidad de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladarla al nuestro.
Hasta ahora, con gran orgullo, habíamos resistido. Como Estado nacional no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Migración ni el Pacto Mundial para Refugiados de Naciones Unidas, porque percibíamos que contenía algunas cláusulas, que por nuestra condición geopolítica particular, de país que comparte una misma isla, resultaban perjudiciales al interés nacional.
Tampoco se suscribió la Declaración de Los Ángeles, en el marco de la última Cumbre de las Américas, por los mismos motivos de que contenía conceptos y establecía compromisos que nos afectaban de manera diferente a otros países del hemisferio.
Pero, ahora, lo que hemos visto con preocupación es que el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional incorpora esos valores y principios que antes, con toda justicia y razón, nos habíamos negado a suscribir porque resultaban violatorias de nuestra Constitución y de nuestra razón de ser como ciudadanos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.
El espíritu de esos instrumentos internacionales se encuentra en el lenguaje del dispositivo legal enviado al Senado de la República.
¿Cómo aceptar el principio de no devolución, esto es, que las víctimas de trata de personas o los migrantes ilegales no pueden ser repatriados a sus países de origen?
¿Cómo incorporarlos a todos los servicios sociales del Estado y permitir que vengan todos sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio?
¿A quién se le ocurrió la idea de establecer una contribución obligatoria especial, es decir, una carga tributaria, un impuesto, a cargo de todas las personas jurídicas y entidades del país, para mantener a todos los que no quieran retornar a su país?
¿A quién se le ocurre? ¿Cómo ha podido suceder?
Por todo eso, con razón, el pueblo está profundamente indignado.
Me tomé el tiempo para intervenir en este debate. No quise precipitarme y ser víctima de las emociones. Preferí hacer un examen exhaustivo y pormenorizado de la situación antes de compartir mis perspectivas y puntos de vista.
Sin embargo, al igual que el resto de la mayoría del país, siento que lo que ha ocurrido ha sido grave; y lo explico por una de dos razones.
La primera, por imprevisión y negligencia; y la segunda, por presión externa.
En cualesquiera de las dos circunstancias, inexcusable.
Afortunadamente, por lo menos, en última instancia, se ha escuchado el clamor del pueblo: Señor Presidente, retire ese proyecto. Por favor no lo introduzca de nuevo.
