Por: Osvaldo Santana
.- El escarceo provocado por el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes presentado en diciembre y retirado por el Poder Ejecutivo la semana pasada, sacó de la agenda pública el conflicto entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las empresas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), cuando este cobraba mayor vigor.
Esa semana, el CMD capitalizó la atención ciudadana con su anuncio de que protagonizaría una paralización durante 48 horas a todos los afiliados del Régimen Contributivo. Según esa entidad, durante 9 y 10 de febrero, los 4,625,188 de afiliados que registra la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) quedarían sin el servicio de consultas en la totalidad de los centros médicos. Sólo serían prestados los servicios de emergencia y a los pacientes críticos.
Pero el centro de atención fue captado por el proyecto de ley considerado por la oposición más activa como un dislate del gobierno, y sepultó la campaña de los médicos para que sea ajustada la cápita que se les paga por consulta, o más propiamente, el monto que reciben como honorario por cada paciente.
El CMD sostiene que cada vez que se ha aumentado la cápita, ha sido para beneficiar a las ARS, las cuales, según ellos, se llevan el 60% de las contribuciones de los afiliados al sistema. Senén Caba, el presidente de los médicos, dice que “ha habido dinero para aumentarles a las ARS, pero no ha habido dinero para aumentar el volumen de medicamentos ni ampliar el Plan Básico de Salud, ni siquiera, equilibrar las tarifas que era lo que más se pedía”. Concretamente, los médicos demandan subir las consultas ambulatorias desde un básico de RD$500 a RD$1,500 y otros beneficios. También que se amplíe la cobertura de medicamentos para los asegurados contributivos.
Ya la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales dispuso un incremento en los costos de los procedimientos durante los internamientos, otras ventajas para las clínicas, pero se resistió a atender las demandas de los médicos sobre los honorarios por consultas ambulatorias, y sostiene que subirlas al nivel que demanda el Colegio Médico implicaría gastos por cerca de 20 mil millones que el sistema no está en capacidad de asimilar.
El ministro de Salud
El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo el jueves 9 de este mes, que ante el rechazo del Colegio Médico Dominicano (CMD) a la resolución 563-01 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que hizo los ajustes indicados, lo prudente sería “sentarse” nuevamente a dialogar y respetar los plazos otorgados para buscar alternativas a la situación.
“Tenemos que hacer todo el esfuerzo en las reuniones por los pacientes, porque estos pacientes pagan un dinero a través de sus seguros”, dijo el ministro Rivera.
El gobierno y el conflicto
Pese a esa declaración del ministro de Salud, más allá de la percepción, la realidad es que el gobierno de Luis Abinader le ha dado de lado a las demandas de los médicos, y ha obrado convenientemente para dejar la cuestión en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), como si se tratara de un conflicto entre partes.
No hay que hacer ningún ejercicio para verificarlo. Se trata de la prestación de servicios de salud a trabajadores de la empresa privada, que por igual tienen derecho a la salud, y no solo a la simple cobertura, sino a una de calidad.
Y lo que se ve hasta ahora, es que el gobierno persiste en dejar la cuestión como si fuese entre terceros, como si no le incumbiera. Son 4,625,188 de afiliados que registra la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que pagan para que les sean prestados los servicios de salud.
Esos afiliados son en gran mayoría c de clase media que han apostado al pago por servicios en centros médicos privados y que incluso, si se ven imposibilitados de ir a médicos en las clínicas, no tienen la forma de utilizar sus plásticos en la mayoría de los hospitales de la red pública.
Manejo mercadológico
Si se observa bien el discurso y el comportamiento del ministro de Salud, se trata de un conflicto ajeno, entre partes, y es al parecer la estrategia utilizada por el gobierno para no verse envuelto en un “problema” más de la agenda nacional.
Al margen de que se trata de una directa responsabilidad del Estado, ocurre precisamente en un momento en que el país enfrenta un brote de cólera, otro de difteria más la constante presencia del dengue.
Mientras tanto, parecería ser que la línea es dejar que médicos y empresas se “entiendan”, mientras el gobierno se queda de brazos cruzados. La oposición solo mira y la población sufre.
