La Haya, Países Bajos.- La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, tras encontrarle responsable de crímenes de guerra en Ucrania.
La CPI emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebró la orden de arresto internacional dictada contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional de La Haya.
“La Justicia está es marcha: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”, dijo Kuleba.
“Los criminales internacionales pagarán por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales”, remachó el jefe de la diplomacia ucraniana, que lleva meses movilizándose para conseguir que la comunidad internacional enjuicie los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que Kiev dice haber registrado en su territorio.
Jurisdicción limitada de la CPI
Sin embargo, la CPI tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
