Por: Carmen Imbert Brugal
.- En la agenda no cabe esa preocupación, el guion rechaza miserias. Y cuando de canallas y violencia se trata menos aún. Algunos alardean de haber leído 12,274 páginas de un expediente, pero tiempo les falta para repasar la vergüenza contenida en las 291 páginas del “Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión”, preparado por la Oficina Nacional de Defensa Pública-ONDP-.
Los golpes en el pecho, las proclamas éticas, se limitan a la corrupción administrativa, origen de todos los males nacionales.
Fuera de la persecución contra los malandrines morados, nada importa. La creación de la era de pureza y bienestar, necesita que la hierba mala sea pisada con la fuerza del caballo de Atila para que nunca vuelva a crecer. Las estupendas calificaciones otorgadas a este primer periodo del Cambio, depende del agravio a las ratas, lo demás ni por añadidura cuenta. Nada debe perturbar el paraíso.
Pronto imputarán a la ONDP extrañas intenciones por insistir en las degradantes condiciones de las cárceles dominicanas. El informe citado ratifica algo más que sabido por los poderes fácticos y por las autoridades responsables de mantener ese horror y pretender ocultarlo con retórica exculpatoria.
La población hacinada no tiene dolientes, ni existen responsables de la calamidad. La narrativa oficial, avalada por un colectivo manipulado y fiel, valida al Ministerio Público solo por el trabajo de la PEPCA, lo demás no existe. La asepsia de la Procuraduría General de la República-PGR- es marca y mientras apresen a corruptos condenados sin sentencia con respaldo popular, el hacinamiento carcelario continuará como algo intrascendente. Hay 25,711 personas encerradas en recintos cuya capacidad es para 15,643 ciudadanos. El uso de la prisión preventiva es alarmante: mujeres presas sin condena 63%, hombres 59%.
El caso más que emblemático es el de “La Victoria”, el hacinamiento-70%- alimenta la corrupción. Roberto Santana, figura importante en la PGR de antes y tanto o más en la de ahora, reveló- mayo 2022- que el encargado de seguridad de la Penitenciaría percibía como pago para garantizar la impunidad, 7 millones de pesos semanales. La mención del asesor en sistema penitenciario, provocó un discreto distanciamiento de los despachos que ocupaba como propios y el silencio acompaña su atrevimiento.
El Sistema Penitenciario es asunto de poca monta para que ocupe el afán de los apóstoles de la ética y si la solución inmediata está en la utilización de los inmuebles construidos por la vilipendiada administración anterior, su oposición será feroz. Prefieren el deterioro para incluir el daño en los desmanes del pasado, indetectables para los que hoy dirigen la persecución y estaban ahí cuando se construía el Centro de Corrección y Rehabilitación, ubicado en Las Parras y el situado en Pedro Corto.
El informe transita por el delicado trecho de los derechos humanos, ese que interesa tanto a Washington y a sus acólitos locales.
Denuncia el trato cruel, inhumano, degradante, brindado a los internos. Alarma no hay, la ficción ayuda. Sirva la reacción del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales para intuir el impacto de la investigación: No todo está dañado- dijo-.
