Por: Rafael Guillermo Guzmán Fermín
.- El término “alquimia” hace referencia a la transformación milagrosa de algunos metales en oro mediante el sencillo contacto con la codiciada “piedra filosofal”, tras la que andaban a la caza los alquimistas que, como el musulmán Harún Al Raschid, llegaron a tener gran relevancia en la Edad Media, por lo que sus servicios fueron utilizados por poderosos y ambiciosos reyes europeos.
Basada en esas concepciones, la “alquimia electoral” se denomina al conjunto de acciones fraudulentas que “alquimistas electorales” ejecutan acciones tipificadas como delitos en materia electoral a través de la manipulación de los votos depositados o de las personas con intención de votar, pudiendo con ello convertir finalmente, una derrota en victoria, o logrando en otros casos, anular el triunfo de un partido, por lo general de la oposición.
En las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero hemos podido constatar, que los alquimistas electorales dominicanos lograron tener más éxito que los antiguos alquimistas de metales, al desenmarañar los padrones de electores para impedir el voto opositor, provocando la mayor “abstención inducida” de nuestra historia electoral y, por otro lado, la malsana compra masiva de votos, instalando descaradamente frente a los recintos electores, una especie de “carpas de compra-venta”, ante la mirada indiferente de la Policía Militar Electoral, la cual está llamada a fiscalizar la comisión de los delitos contra la democracia electoral.
También, impusieron funcionarios “permisivos” dispuestos a aceptar acciones fraudulentas, como la transmutación de “votos en contra” a favor del oficialismo, desaparición o anulación de votos opositores emitidos, entre otros tantos trucos alquimistas.
Ante estos hechos evidentes que transitan en las redes sociales, las cuales han escapado al aparente “secuestro financiero” del presupuesto de comunicación del gobierno, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), presidida por el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, como el informe de Participación Ciudadana (PC), coincidieron en afirmar que, cito: “es crucial analizar las razones de la baja participación ciudadana, para que en el futuro se tomen las medidas necesarias para incentivar la mayor presencia de electores en las urnas. Como en pasadas elecciones, la misión (de la OEA) nuevamente reitera de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos.
Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales… Abogamos por una campaña limpia, en la que se garantice la equidad del financiamiento público a los partidos políticos y los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley…”
En este contexto, es preciso recordarle a la JCE que:
1.- La Constitución de la República establece: “La soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y las leyes”.
2.- La soberanía popular queda expresada a través del sufragio popular, por lo que la organización y el fortalecimiento del proceso electoral y de las instituciones que intervienen en la misma, es pieza fundamental para garantizar el sistema democrático y la voluntad de los ciudadanos expresada en el sufragio.
3.- La misma Constitución de la República ordena que las elecciones sean organizadas, dirigidas y “supervisadas” por la JCE, teniendo a su cargo la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones; por lo que en este proceso electoral pasado, con la diversidad de delitos en materia electoral anteriormente mencionados, no se cumplieron ninguna de las responsabilidades a su cargo dentro del marco legal, que garantizara un proceso verdaderamente trasparente y ético.
De manera, que los delitos electorales, como el fraude, la compra de votos, la manipulación de la información y la coacción de votantes, socavan la legitimidad de los resultados electorales y se erige como una burla a la voluntad popular, piedra angular de un Estado Social y Democrático de Derecho; pues cuando los ciudadanos perciben que las elecciones no son transparentes y justas, brota una desconfianza en el sistema democrático, provocando el cuestionamiento de la legitimidad de los funcionarios electos.
Esta distorsión de la voluntad popular, al alterar el proceso democrático y los resultados de las elecciones, puede llevar a que los representantes electos no reflejen fielmente las preferencias de la ciudadanía en general, lo que debilita la representatividad del sistema político, peor aún, la falta de integridad en los procesos electorales mina los principios fundamentales de la democracia, como la transparencia, la equidad y la participación ciudadana.
Lo anteriormente expuesto, visto desde el ámbito de la seguridad ciudadana, puede generar conflictos sociales, protestas y disturbios que provoquen inestabilidad política en el país, debilitando la gobernabilidad, tan necesaria para la estabilidad macroeconómica.
Es importante destacar, que cualquier acción fraudulenta dentro del proceso electoral sin consecuencias punibles, priva a los ciudadanos de su derecho fundamental de elegir libremente a sus representantes, lo que socava los cimientos de la democracia y las libertades civiles, produciendo aún más desaliento en la escéptica participación ciudadana en el próximo proceso electoral del 19 de mayo, lo que induciría a otra gran abstención y apatía política.
En conclusión, tal como constataron los observadores de la OEA y PC, los fraudes electorales y la abstención electoral inducida, tienen consecuencias negativas para la democracia, la estabilidad política y la legitimidad de los procesos electorales, por lo que, si los jueces electorales tuvieran un mínimo de respeto por la nación, debieron anular las pasadas elecciones municipales, no obstante, tienen el 19 de mayo, la gran oportunidad de no salir con el vergonzoso descrédito público de los antiguos “honorables” miembros de la Junta Central Electoral, tomando las medidas “contundentes” que señala la misión de la OEA, en combatir y prevenir los delitos contra la democracia electoral, promoviendo la transparencia, la integridad y el ejercicio ciudadano de ejercer su soberana voluntad a través del derecho al voto en los procesos electores.
