Por: Juan Carlos Espinal
.- Somos protagonistas de los últimos días del Estado de Derecho en la democracia representativa 1966-2024.
Ante nuestros ojos se fragua una mega-crisis de mayor calado que las crisis sistémicas de entre los años 1984 y 2003 en 2024.
Mientras en la opinión pública nacional se debate a diario sobre la inexorable caída del ordenamiento político, la sociedad Dominicana se encuentra sumida en uno de los momentos de mayor retroceso económico de los últimos 40 años.
En la era pos Covid-19, la incapacidad politica del Régimen para reducir el descontento de las clases medias y de los trabajadores, avanza de forma acelerada, en la medida en que los servicios públicos se van deteriorando; crece la percepción de que el Gobierno del presidente Abinader ha perdido credibilidad ante la población, y la sociedad Dominicana en su conjunto manifiesta su desilusión.
Por un lado, el gobierno del presidente Abinader se ve imposibilitado de realizar las reformas económicas qué hubiesen permitido financiar los programas de desarrollo económico.
Por otro, a falta de oportunidades de empleo en el sector privado, la burocracia estatal sencillamente absorve la capacidad financiera del estado impulsando mayor desestabilización.
En tanto que la burocracia estatal se ha convertido en un factor de desestabilización social, la falta de una mayor inversión pública contribuye a la parálisis de la economía, hundiendo las expectativas de vida de la población.
Además, en tanto que los partidos políticos opositores se identifican por entero con el presidencialismo bipartidista que les proporciona su existencia, a lo interno de los mismos se alberga una ambigua lealtad hacia dicho sistema.
Los efectos de la desaceleración de la economía fondomonetarista impactan de forma negativa a las clases medias; continúa erosionando el ya de por si bajo nivel de vida de los estratos sociales vulnerables; siendo este tipo de política económica restrictiva un reflejo del nivel de la desconfianza pública en las autoridades nacionales.
En la sociedad Dominicana pos Covid19, aparecen nuevos fenómenos socioeconómicos como la hiper inflación acumulada de 33%, cuyo impacto en los precios de los artículos de primera necesidad explica la ausencia de políticas públicas.
Dado que amplios segmentos poblacionales de la sociedad Dominicana no asimilan positivamente el manejo de la economía, en el segundo mandato del gobierno del presidente Abinader, los esfuerzos de democratización de las estructuras de la democracia representativa se hacen sentir negativamente en las cifras de endeudamiento externo.
El dilema del conflicto social, político y económico actual es que hace metástasis, sin poder socializar adecuadamente las reformas constitucionales, debilitando la frágil legitimidad gubernamental.
El Gobierno del Cambio ha abandonado la idea de la competitividad, arriesgando la estabilidad del modelo de representación.
Quizás el dilema por el cual atraviesan los funcionarios públicos, frente al rechazo de la sociedad al gobierno del presidente Abinader, pudiese resolverse haciendo más ágiles los procesos burocráticos, descontinuando el auge del latrocinio, ocupandose de terminar su segundo período de prueba de forma satisfactoria.
Es de suponer que como el presidente Abinader se encuentra inhabilitado para un tercer mandato, los funcionarios públicos pueden llegar a ser elementos de división.
La competición interna entre los diferentes pre candidatos presidenciales, las desavenencias de los diferentes representantes de la sociedad civil organizada con el gobierno y la insatisfacción de amplios sectores de la vida nacional con el actual estado de cosas, regula el ritmo del cambio de dirección que se manifiesta en los distintos estratos de la sociedad.
Por lo general, cuando la política tradicional se encuentra vinculada a la cultura autoritaria de las instituciones nacionales del presidencialismo, se pierde el control social mediante el debilitamiento político.
Los problemas fundamentales que atraviesa la democracia representativa se refieren al volumen de la violencia desde el estado contra la sociedad que provoque su extinción.
Como funcionarios públicos, los pre candidatos presidenciales del gobierno del presidente Abinader hacen un flaco servicio al país descuidando sus obligaciones, limitando incluso sus propias posibilidades, debilitando las capacidades de innovación política.
En un país como República Dominicana qué atraviesa una mega-crisis de servicios, adoptar el camino de la obviedad sin dar respuestas concretas a la sociedad lleva a los gobiernos a ser expulsados del poder.
Sin credibilidad que pudiese legitimar un segundo mandato, el gobierno del presidente Abinader se percibe de manera efímera.
El sistema político degenera en la medida en que no satisface la demanda social de las clases medias y los trabajadores.
En ese caso, el Congreso Nacional de mayoría oficialista ha pasado a convertirse en un obstáculo al orden existente.
De allí la importancia de la cohesión social.
En el gobierno del PRM, la sociedad civil organizada ha resultado demasiado intrusiva, incluso para la renovación del contrato social.
Sea cual fuere el camino que sigan, es indudable que así como el PRSC, el PRD y el PLD se extinguieron como partidos políticos hegemónicos, de esa misma manera la participación política del PRM descenderá.
El solo hecho de que entre los pre candidatos presidenciales del PRM predomine la división, sugiere que muchas de las causas que comúnmente generaron la desaparición de los principales partidos tradicionales de pos guerra, que hegemonizaron el poder político entre 1966-1996 , por ejemplo, dará paso a una nueva etapa de inestabilidad.
Es posible que la desestabilizacion estimule la interdependencia política de la oposición, sugiriendo mayor concentración de poder en los Ayuntamientos, para el oficialismo tratar de consolidar un mayor control socio político.
La decadencia política del PRM se explica a partir de las intervenciones del gobierno en los asuntos privados de la sociedad Dominicana.
En estas frágiles democracias, la política carece de la autonomía, coherencia y adaptabilidad constitucional para mantenerse.
Las metas de los candidatos presidenciales del gobierno del presidente Abinader son presupuestarias, especificas y difusas.
A la vez que limitadas y concretas.
Lo propio ocurre con los Directores Generales, Gerentes, embajadadores, consultes y Vice ministros.
En sentido general, la hiper corrupción del gobierno del presidente se vincula con la concentración de la riqueza en la esfera política.
Todavía no existe una palabra que describa correctamente la degradación del Ministerio Público.
El alto grado de politización de los asuntos estructurales del estado pone el acento como rasgo distintivo de la descomposición sistémica.
A falta de instituciones políticas efectivas, significa que el oficialista PRM esta fragmentado.
Su autoridad pública se presenta transitoria y la debilidad de las instituciones públicas destinadas a facilitar la transición democrática hacen colapsar el Estado de Derecho.
De tal modo que la involucion que se manifiesta supone la pérdida del liderazgo nacional, que va desde un sistema de concesiones de grupos económicos, hacia un traspaso de mandato.
Puede que dentro del presidencialismo, en su forma más extrema, estemos en manos de un sistema político demagogo, que aún no logra alcanzar legitimidad política derivada de una enraizada voluntad popular.
En el plano político, el nivel de involución que permite una baja participación de la clase media responde a instituciones políticas inefectivas, e incapaces de desarrollar innovación.
El resultado final de este tipo de inmovilismo socioeconómico es el caos político.
A la larga, casi todos los gobiernos latinoamericanas populistas se convierten en desilusión.
